El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la reforma al Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este hecho transcendental abrirá un nuevo camino hacia la justicia social de las comunidades.
Mérida, Yucatán, a 26 de septiembre de 2024.-
Yucatán dio un paso histórico en el Congreso del Estado con la aprobación, por unanimidad, la reforma al Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de Pueblos Originarios y Afromexicanos, como un hecho transcendental que abrirá un nuevo camino hacia la justicia social.
En la tribuna, la diputada del Distrito 11 por Monera, Alba Cristina Cob Cortés, puntualizó que esta acción fortalecerá los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del país y de nuestra entidad, y salda una deuda histórica con estos sectores sociales.
Esta reforma, destacó, garantiza la participación de esa población en las decisiones relacionadas con los territorios donde habitan, así como de los recursos naturales y permitirá un desarrollo económico equilibrado en las comunidades que actualmente registran rezago.
De esta forma, dijo, se reconoce su aportación como patrimonios culturales, material e inmaterial, así como la propiedad intelectual colectiva, con lo cual se evitará que otras personas se apropien de la cultura.
Alba Cristina Cob subrayó que con la aprobación de los diputados a esta reforma se avanza de manera firme al respeto y garantía de los derechos de los bienes comunes estos los pueblos originarios y afromexicanos, que por generaciones han sido discriminados.
“Este no es momento de quitar sino momento de devolver, de devolver justicia social a los pueblos indígenas, y con esta acción hacemos un pago de la deuda histórica a nuestros pueblos indígenas y afromexicanos”, acentuó la legisladora morenista.
Cob Cortés resaltó el alcance de esta decisión de los 35 diputados del Congreso del Estado, porque reconoce a estos grupos de la población yucateca como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y promueve la conservación de la lengua indígena.
