Septiembre 17, 2025
Por Norma Ramírez
«Estamos preocupados por la situación de extrema gravedad de la que somos objeto, afectan nuestros derechos laborales, así como la integridad de la industria hípica nacional», manifestó un representante de la bases trabajadora de este ramo, que prácticamente se encuentra en agonía, producto de las malas prácticas de quienes administran este centro hípico.
Cabe recordar que el recinto se encuentra concesionado a la empresa CODERE, la cual delegó las funciones de supervisión y regulación en el «Comité Mexicano de Arbitraje y Vigilancia de Carreras de Caballos y Galgos A.C.»
«En ese mismo contexto, expresó el demandante, manifestamos nuestra profunda preocupación porque este Comité esté presidido por Mauricio Rodrigo Ayala Rosique, quien en un lapso temporal cuestionable, transitó de fungir como servidor público en la Dirección de Juegos y Sorteos a convertirse en regulador de la misma actividad, que supervisaba, configurando un evidente conflicto de intereses que contraviene los principios de ética pública».
Tras haber expresado su inconformidad, el trabajador, quien funge como entrenador de caballos, denunció que dicho comité incurrió en las siguientes irregularidades:
Imposición de falsos positivos en las pruebas aplicadas a los caballos.
Aplicación de multas excesivas que superan los $100,000 pesos
Incumplimiento en la expedición de recibos fiscales por los cobros realizados
Suspensiones arbitrarias que privan del sustento a los entrenadores
Ante esta grave violación a sus derechos laborales y el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran, los trabajadores del Hipódromo de las Américas pidieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que no se les sigan violando sus derechos, solicitando los siguientes puntos:
Revocar la autorización otorgada a este Comité para funciones regulatorias
Designar un interventor federal que garantice imparcialidad en la supervisión
Ordenar el inmediato reintegro de los entrenadores suspendidos injustificadamente
Revisar y cancelar las multas impuestas sin sustento legal
Establecer mecanismos de transparencia en los procesos de fiscalización.
Finalmente, dieron su voto de confianza a la jefa del Ejecutivo federal, pues consideran que con su intervención se restaurará el estado de derecho y protegerá los derechos de los trabajadores que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias.
