Las reformas para regular la figura de la subcontratación laboral fortalecen el empleo, eliminan prácticas abusivas en contra de los trabajadores, mantienen esquemas de producción y prestación de servicios en beneficio de la economía, afirmó el senador Ricardo Monreal.
El coordinador parlamentario de Morena, sostuvo “es una reforma de justicia laboral para la clase trabajadora; ya era hora de que el Congreso interviniera en este elemental derecho”, expresó durante la discusión del dictamen.
Ante el Pleno del Senado, Monreal Ávila subrayó que la regulación propuesta busca eliminar la simulación de este esquema, otorgando una regulación adecuada para cuando se recurra a este sistema; además de fortalecer a la Hacienda Pública.
La reforma, detalló el legislador, otorgará certeza y seguridad jurídica a las relaciones que derivan del esquema de subcontratación laboral. Además, se garantizarán los derechos de las y los trabajadores que formen parte de este esquema.
El legislador informó que a nivel internacional existen instrumentos enfocados a la protección del trabajo como un derecho esencial, por lo que México no debe quedar exento de ello.
“No se desconocen las ventajas importantes que este régimen de contratación laboral genera para el desarrollo de la economía mexicana, pero tampoco se pasa por alto la existencia de prácticas excesivas, abusivas o simuladas en perjuicio de los derechos de los trabajadores y de la propia actividad económica”.
En el ámbito fiscal, señaló Ricardo Monreal, el mal uso de la subcontratación incide en la disminución del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por el concepto de salarios, así como la omisión en el entero del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Asimismo, ha propiciado la simulación de actos jurídicos en detrimento de los derechos laborales, los cuales se han visto afectados en aspectos como la antigüedad, la estabilidad y el reparto de utilidades, así como el acceso a la seguridad social y a una vivienda digna.
En este sentido, reitero que la reforma tiene como objetivo fortalecer el empleo, robustecer esta figura y eliminar las prácticas que afectan los derechos laborales de las personas trabajadoras, permitiendo, al mismo tiempo, atender las necesidades de las empresas para que mantengan sus esquemas de producción en beneficio de la economía.