Mérida, Yucatán; 3 de julio de 2025 — En un fallo histórico (29 de mayo), una jueza federal anuló la sentencia que pretendía despojar de sus hogares a más de 6 mil familias en colonias del oriente de Mérida, entre ellas Vicente Solís, María Luisa, San José y San Antonio Kaua. El conflicto se centraba en los terrenos de la ex hacienda San Diego Azcorra, que incluyen espacios públicos como el Poliforum Zamná y el complejo deportivo Kukulcán, sede del parque de béisbol más importante del estado.
La resolución judicial se dio tras un amparo promovido por el abogado yucateco Gabriel Cabrera Araujo, quien argumentó que el reclamo de propiedad por parte de Jorge Wílberth Canto Hernández carecía de sustento legal. Aunque existía una sentencia previa del Juzgado Tercero de lo Civil desde 2005.
Es de suponer que la jueza determinó que su ejecución afectaría de forma desproporcionada a un núcleo social consolidado, lo cual contraviene principios constitucionales y tesis jurisprudenciales que establecen la prevalencia del interés colectivo sobre el particular.
Este fallo reafirma que la justicia no puede operar en perjuicio de la sociedad, incluso cuando existan títulos legales que, al ejecutarse, generen daño estructural a comunidades enteras. La decisión judicial se convierte en un precedente clave para la protección del tejido social y la legalidad en conflictos urbanos.
