Enero 02, 2022
Actualmente, 70 por ciento de la inversión en infraestructura vial privilegia a los automovilistas, por lo que el proyecto para expedir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que aprobó el Senado, busca que ahora estos recursos impulsen la construcción de vías para vehículos no motorizados, el transporte público y la protección de peatones, destacó la senadora Patricia Mercado.
La legisladora subrayó, en entrevista, que este ordenamiento contiene criterios para facilitar el traslado de personas, sobre todo de aquellas de escasos recursos o que tienen alguna discapacidad, ya que actualmente no existen condiciones para que puedan desplazarse a sus escuelas o centros de trabajo de forma accesible y sostenible.
En México, las ciudades están diseñadas para los automóviles, más que para las personas. Entre 1990 y 2017, los vehículos en circulación crecieron a una tasa anual promedio del 5.3 por ciento, mientras que la población lo hizo a una tasa del 1.5 por ciento. En consecuencia, las ciudades han crecido de forma horizontal, detonando barrios aislados y segregados.
Por ello, la propuesta, que fue turnada a la Cámara de Diputados el pasado 14 de diciembre, establece que se deben implementar mejoras a la infraestructura para la movilidad no motorizada y peatonal, así como efectuar acciones para la integración y fortalecimiento del servicio de transporte público de los municipios.
Además, sienta las bases para reducir siniestros de tránsito; implementar proyectos estratégicos de infraestructura para la movilidad y seguridad vial, de manera especial, aquellos que estén enfocados en proteger la vida e integridad de las personas usuarias de las vías, donde se consideren los factores de riesgo.
La presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado destacó que cada día mueren 44 personas en un siniestro vial; de dicha cifra, tres son menores de edad, porque se busca garantizar la movilidad segura para toda la población, puesto que “en algún momento del día todos somos peatones”.
Otra de las disposiciones, agregó la legisladora, plantea el desarrollo de programas de información, educación e investigación en materia de sensibilización, así como formación sobre movilidad y seguridad vial.
En entrevista, Patricia Mercado comentó que la legislación, que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados, propone un sistema de coordinación para la toma de decisiones, dónde participe la Federación, estados, municipios y observatorios ciudadanos.
Comentó que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial busca que en las entidades donde ya existen legislaciones respectivas tengan un piso parejo, a fin de que la población tenga accesibilidad, equidad e igualdad sin importar dónde viva.
Asentó que este proyecto fue resultado de un proceso prudente, incluyente, democrático, en el que participaron la industria automotriz, las asociaciones civiles de personas con discapacidad, expertos, autoridades de movilidad de los estados y legisladores.
