Abril 21, 2026
La Junta de Coordinación Política, que preside el senador Ignacio Mier Velazco, sostuvo una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, un diálogo franco en el que se abordó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Al concluir el encuentro, Mier Velazco ofreció una conferencia de prensa en la que dio detalles del encuentro: “fue una reunión abierta, un diálogo franco. Se reconoció la sensibilidad de México para no ocultar de ninguna manera el tema de la desaparición forzada”.
Dijo que al Alto Comisionado se le entregaron las diferentes reformas que ha aprobado el Congreso de la Unión y las entidades federativas, lo que incluye la reforma al Poder Judicial, el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República, además de las 26 reformas legales y las dos constitucionales, “para acabar con este problema que lastima a familias mexicanas”.
El legislador recordó que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas define este flagelo como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad por parte de agentes del Estado, por personas o grupos con la autorización, anuencia o el consentimiento de autoridades; pero “nosotros negamos rotundamente que esa sea una vocación o que sea una práctica del gobierno mexicano”.
De acuerdo con esa definición, agregó, “por parte del gobierno mexicano no existe aquiescencia, porque ni se permite, ni se promueve, ni se tolera, ni se fomenta, ni se da anuencia para este hecho”.
Ignacio Mier recordó que la desaparición forzada obedece a un problema estructural de hace décadas, que era negado de manera sistemática, “lo cual sí puede generar una interpretación de la aquiescencia por parte de las autoridades; pero, en el caso concreto de los últimos nueve años, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, los Poderes de la Unión han venido trabajando para acabar con ese flagelo”.
Indicó que a la reunión asistieron todos los coordinadores de los Grupos Parlamentarios, y que se extendió la invitación al presidente de la Comisión de Organismos Internacionales, Marko Cortés Mendoza, a Reyna Celeste Ascencio Ortega, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat Hinojosa.
“Todos coincidimos en la voluntad que tienen los Poderes de la Unión, en este caso el Congreso mexicano de facilitar el diálogo y la información para encontrar soluciones”, expresó.
El presidente de la Junta de Coordinación Política aseguró que a Volker Türk le llamaron la atención todas las reformas que se han hecho sobre este tema, las alarmas que se generan, el seguimiento que se le da de manera puntual y la coordinación que contiene el Plan Estratégico de la Fiscalía General de la República con las fiscalías de los estados.
Mier Velazco indicó que el comisionado también estuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estuvo hoy con nosotros y con el Gobierno de México en diferentes reuniones. “Creo que al final de la visita él tendrá ya una idea más clara”, subrayó.
Por otro lado, agregó que no hay consenso, acuerdo o definición, por parte de la mayoría legislativa para presentar una iniciativa que modifique la fecha para realizar la elección de las personas juzgadoras. “El día de ayer tampoco se mencionó, ni siquiera la posibilidad, ni en pasillos, ni en privado, ni en la Junta de Coordinación Política”, resaltó.
Hay que hacer un análisis más sereno, más puntual y meter en la matriz no solamente la posibilidad técnica que pueda tener, humana, operativa de logística del Instituto Nacional Electoral, también interviene la cuestión del presupuesto y la voluntad por parte de la coalición de impulsar, primero, un periodo extraordinario y después una reforma, apuntó.
Además, el legislador dio a conocer que posiblemente se presentará en el Pleno un punto de acuerdo para que puedan comparecer la gobernadora y el fiscal de Chihuahua ante las Comisiones de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales, para que proporcionen toda la información que tengan respecto a los dos agentes de la embajada de Estados Unidos que murieron en un accidente.
Cualquier agente, no solamente de los Estados Unidos, que realice este trabajo de investigación en México, deberá contar con la aprobación del gobierno mexicano y la Constitución Política es muy clara, pues señala puntualmente que la responsable de la política exterior, es la titular del Ejecutivo a través de las dependencias que están creadas para eso.
