18 junio, 2021
Guadalupe Valencia García afirmó que a 10 años de su aprobación cobra importancia evaluarlas.
Por: UNAM
Garantizar el respeto a los derechos humanos requiere, además de reformas constitucionales, medidas adicionales como funcionarios formados en ese campo, instituciones que actúen de conformidad con estos preceptos, así como compromisos institucionales y sociales; es decir, un Estado en sintonía con los cambios en la Carta Magna, coincidieron en señalar expertos universitarios.
Durante el Congreso Internacional “El impacto de las reformas constitucionales de derechos humanos y amparo 2011-2021”, organizado por los institutos de investigaciones Jurídicas (IIJ) y Filosóficas (IIF) de la UNAM, quedó de manifiesto que los cambios en la materia transformaron diversos ámbitos del país. Se trata de un nuevo paradigma para continuar con el estudio del Derecho en México.
En la sesión inaugural del encuentro, Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades, expuso que cobra importancia revisar y evaluar el impacto de las reformas constitucionales a una década de su existencia.
“La distancia entre el país legal y el real nos recuerda la naturaleza dinámica, social e histórica del Derecho, dentro de la cual podemos englobar su estudio, que se cultiva de manera tan importante en la Universidad”, así como su práctica ya que queremos impulsar la garantía y defensa de los derechos humanos.
Consideró que el debate y análisis fructífero dotarán de nuevas armas intelectuales y prácticas a fin de continuar con el estudio del Derecho y de sus mejores expresiones para cumplir con las garantías fundamentales, a lo que todos nos debemos.
Al hacer uso de la palabra, Pedro Salazar Ugarte, titular del IIJ, explicó que en el encuentro se analiza con visión multidisciplinaria el impacto de los cambios efectuados a la Carta Magna; se reflexiona con base en el contexto actual y en “uno que nos trasciende desde hace tiempo y que seguramente estará permanentemente vigente, y así debe ser, que es la perspectiva de género”.
Se prevé abordar también el juicio de amparo y la labor judicial, que es importante apuntalar, proteger y defender como un bastión clave para sostener a un Estado constitucional de derecho.
De igual manera, abundó, la dimensión de los derechos sociales que en el contexto pospandemia tienen relevancia: la protección del derecho a la salud, trabajo y vivienda.
También el litigio y la labor legislativa, otras dos aristas en las cuales impactaron de forma importante las reforma; la agenda académica, investigación y, en particular, la docencia: cómo se transformaron los planes de estudio, materiales y temarios con los cuales se transmite el conocimiento jurídico a las nuevas generaciones, y cómo se involucran en la agenda de investigación los temas relacionados con las reformas, entre otros aspectos, expuso Salazar Ugarte.
En su intervención, Juan Antonio Cruz Parcero, director del IIF, señaló: “Una parte importante de nuestra reflexión es entender los límites de la reforma, de nuestras estrategias para la protección integral de los derechos humanos y ver qué falta por recorrer. Ahí, como universitarios, tenemos el compromiso y la responsabilidad de seguir pensando en estrategias y detectar los aspectos donde el país no ha logrado mucho”, recalcó.
El universitario reconoció que el impacto de los cambios constitucionales ha sido considerable. “Ha transformado muchas de nuestras prácticas y visiones sobre el Derecho. En algún sentido, la incorporación de la idea misma de los derechos humanos ha sido piedra angular para repensar la ingeniería institucional y tratar de proteger los valores humanos más importantes”.
La reforma logró movilizar a la academia para generar una transformación que obtiene logros que no se habían conseguido en décadas. Hay mucho que celebrar y analizar, agregó.
Al hacer uso de la palabra, Pedro Salazar Ugarte, titular del IIJ, explicó que en el encuentro se analiza con visión multidisciplinaria el impacto de los cambios efectuados a la Carta Magna; se reflexiona con base en el contexto actual y en “uno que nos trasciende desde hace tiempo y que seguramente estará permanentemente vigente, y así debe ser, que es la perspectiva de género”.
Se prevé abordar también el juicio de amparo y la labor judicial, que es importante apuntalar, proteger y defender como un bastión clave para sostener a un Estado constitucional de derecho.
De igual manera, abundó, la dimensión de los derechos sociales que en el contexto pospandemia tienen relevancia: la protección del derecho a la salud, trabajo y vivienda.
También el litigio y la labor legislativa, otras dos aristas en las cuales impactaron de forma importante las reforma; la agenda académica, investigación y, en particular, la docencia: cómo se transformaron los planes de estudio, materiales y temarios con los cuales se transmite el conocimiento jurídico a las nuevas generaciones, y cómo se involucran en la agenda de investigación los temas relacionados con las reformas, entre otros aspectos, expuso Salazar Ugarte.
Magdalena Cervantes Alcayde, cocoordinadora del Congreso, recordó que el 6 y 10 de junio de 2011 se aprobaron dos reformas constitucionales de relevancia: en materia de amparo y de derechos humanos, respectivamente. Su alcance fue amplio porque se reconocieron los derechos humanos que están en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, y se incluyeron los principios para su interpretación.
Se especificaron las obligaciones de las autoridades con respecto a las garantías inalienables; se establecieron los principios con base en los cuales debían garantizarse, además de la obligación adicional del Estado de prevenir violaciones de derechos humanos, y cuando ocurrieran el deber de investigarlas, sancionarlas y repararlas. En tanto, la reforma de amparo amplió su uso en caso de afectar las garantías individuales reconocidas en tratados internacionales.
En un país como México, con una tradición constitucional fuerte, podría pensarse que eso sería suficiente para propiciar un cambio profundo en la situación de las garantías fundamentales; sin embargo, hace 10 años no se ponderó adecuadamente que un aspecto es el reconocimiento constitucional y otro su concreción jurídica en las normas inferiores, políticas públicas, presupuesto y cotidianidad social. Incluso, la reforma implicó un cambio cultural de gran calado que no se procuró, opinó Cervantes Alcayde.
Dicha reforma fue el resultado de un gran acuerdo político que se limitó a cambiar la norma constitucional. Sin embargo, de no desarrollarse los postulados constitucionales corren el riesgo de ser promesas programáticas, lo que provoca un divorcio entre el país legal, establecido en la Constitución, y el real, concluyó Magdalena Cervantes.
