03 febrero, 2022
El director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, afirmó que no hay interés de expropiación; ya entes privados son dueños de 46% del negocio de la energía; “que compitan entre ellos con el control del Estado”.
- El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, destacó la importancia de impulsar esta reforma, pues es clave para garantizar la seguridad alimentaria. Sin la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 95 por ciento de las localidades rurales carecería de electricidad.
- El director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, afirmó que no hay interés de expropiación; ya entes privados son dueños de 46% del negocio de la energía; “que compitan entre ellos con el control del Estado”.
- Violeta Núñez Rodríguez, experta en minería, habló de la importancia estratégica del litio en la transición energética.
La aprobación de la iniciativa de reforma eléctrica es crítica y fundamental para garantizar la seguridad alimentaria nacional y seguir avanzando en la disminución de las desigualdades entre el campo y la ciudad, entre regiones y tipos de productores del campo, afirmó el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera.
Al encabezar la conferencia 32 del ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica con Prácticas Sustentables, que organiza la Secretaría de Agricultura, el funcionario llamó a difundir profusamente entre los agentes del campo los detalles y bondades que ofrece esta iniciativa legal, “entre las que destaca un nuevo régimen para la planeación y control de la electricidad y el sistema eléctrico nacional en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y también la soberanía nacional en minerales estratégicos, pues concibe que el litio y otros minerales serán bienes del dominio de la nación de manera inalienable e imprescriptible”.
En la conferencia, cuyo tema fue “Reforma eléctrica y sus implicaciones en el medio rural”, Víctor Suárez afirmó que la iniciativa se inscribe en el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación de “desmontar las políticas neoliberales que fueron impuestas en los últimos 36 años en detrimento del interés nacional y del bienestar y de los derechos de los mexicanos”.
Consideró clave que se impulse la confiabilidad del sistema eléctrico nacional como un sistema de servicio público nacional.
“Sin la electrificación de la CFE, no habría electricidad en 95 por ciento de las localidades rurales”, observó.
Manifestó rechazo a la campaña que cúpulas empresariales realizan en contra de la reforma eléctrica.
“Es el momento de asumir que estamos dando una lucha histórica, donde nada más hay dos campos, los de interés nacional y derechos de toda la población, y los campos de los intereses externos, oligárquicos, que impulsan a que México pierda soberanía nacional y pierda la posibilidad de tener un desarrollo autónomo, soberano y con dignidad”, indicó.
El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, afirmó que la reforma eléctrica que impulsa el Ejecutivo federal no representa de ninguna manera una expropiación para aquellos que hoy desde conglomerados privados ofertan ya el 46 por ciento de la energía en el país.
“Ese 46 por ciento es negocio, representa un mercado más grande que el de toda Argentina y Venezuela. No hay expropiación. Se les invita a que participen en un sistema de competencia entre ellos y bajo control y regulación del gobierno mexicano; pueden crecer o invertir, pero bajo el control de gobierno, pues la electricidad en conjunto se convertirá en un sistema de interés público”, afirmó.
Manuel Bartlett recordó que desde la época salinista existen dos figuras: generadores independientes y sociedades de autoabasto, las cuales se afianzaron y fortalecieron con la reforma energética de 2013, con las cuales de forma amañada se indujo la privatización de actividades que eran exclusivas del Estado, esto es, la transmisión, distribución y entrega de la electricidad.
Esa reforma del 2013, que representó un “atraco a la nación”, dijo, “menoscabó derechos históricos de la nación y se otorgaron beneficios ilimitados al sector privado”, con fórmulas de abasto de energía que han puesto en desventaja a la CFE, pues ésta no recibe de dichas figuras de inversión privada pago alguno por el uso de su infraestructura de transmisión –una infraestructura pagada por recurso público durante décadas– y además la Comisión debe solventar las intermitencias diarias en dicho abasto de privados, lo cual merma económicamente a la paraestatal.
