Julio 24, 2024
El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ratificó con 28 votos a favor y cuatro abstenciones, los nombramientos de 25 magistrados y magistradas de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), propuestos por el Ejecutivo Federal. La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, les tomó la protesta de ley a las y los magistrados.
Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Primera Comisión, senador Navor Alberto Rojas Mancera destacó que se llevó a cabo un análisis detallado sobre cada uno de los perfiles que integran el dictamen, por lo que se dio cuenta de que las y los funcionarios tienen un alto valor profesional.
“Son licenciados y licenciadas en Derecho con título registrado, expedido cuando menos diez años antes del nombramiento, y cuentan como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal, administrativa o en materia de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas”, dijo el legislador.
Aseguró que el documento refleja la pluralidad y el consenso parlamentario, y atiende el reclamo para terminar con el rezago jurisdiccional en materia de lo contencioso administrativo, que tanto padecen los mexicanos.
La secretaria de la Mesa Directiva, Karla Almazán Burgos, diputada de Morena aseguró que el dictamen destaca que las personas designadas cumplen con los requisitos constitucionales y legales exigidos.
“Es decir, son personas ciudadanas mexicanas por nacimiento; se encuentran en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; son mayores de 35 años de edad; cuentan con buena reputación; y se distinguen por su honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica”, precisó.
En la discusión, el senador de Morena, José Narro Céspedes manifestó que cada una de las personas designadas tienen una conducta intachable, no tienen antecedentes con irregularidades y “por eso estamos convencidos” que se trata de profesionistas intachables, pues han demostrado que tienen principios éticos para que la ley se aplique de manera imparcial.
Por su parte, el diputado del PAN, Miguel Humberto Rodarte De Lara consideró que, si bien en la lista se encuentran algunos perfiles idóneos para ocupar el cargo, existen otros que no cumplen con la idoneidad, porque se trata de hombres y mujeres que han estado en la Administración Pública Federal, en áreas que no son técnicas en las materias que se atienden en las salas regionales del Tribunal.
Por el PT, el diputado Benjamín Robles Montoya, criticó la “mezquindad política” de legisladores del PAN, porque no están dispuestos a ratificar a quienes no son “sus cuatas o cuates”, pues es claro que Acción Nacional “sólo quiere poner a personas afines como lo hacían antes y rechazar todo lo que venga del Gobierno de López Obrador”, reiteró.
Las personas designadas son: Alejandra Martínez Martínez, Alejandro Paul Hernández Naranjo, Ana María Reyna Ángel, Beatriz Salgado Hernández, Berenice Martínez Mejía, Bricio Fernando Nava Aguilar, Claudia Elizabeth Cruz Martínez, Diana Berenice Hernández Vera, Federico Escutia Kobe y Graciela Vázquez Arellano.
También, Guillermo Gabino Vázquez Robles, Juan José de la Garza Báez, Lawrence Salomé Flores Ayvar, Lidia Margarita Roblero Hernández, Luisa Andrea López Ramírez, Manuel Eduardo Mendoza Jiménez, Marco Antonio Escobar Cuapio, María Gabriela Olguín Arellano, María Juana López Briones.
De la misma forma, están en la lista María Orley Ortiz Ley, Rodolfo Martínez Dagnino, Rosalía Álvarez Salazar, Samuel Mithzael Chávez Marroquín, Susana Mercado Alvarado y César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
Cabe mencionar que si bien, el Senado recibió 28 propuestas, la ciudadana Jazmín Aquino Cruz y los ciudadanos Pedro Zavala Pérez y Miguel Ángel Chico Herrera declinaron participar en el procedimiento de ratificación.
El dictamen subraya que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con plena autonomía, encargado de la impartición de justicia administrativa a nivel federal y, tiene por objeto dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública y los particulares.
Por ello, se destaca en el documento que sus resoluciones deben apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso, para dar certeza jurídica a los particulares frente a los actos de autoridad que sean ilegales o confirmar, en su caso, que los mismos son acordes al marco normativo correspondiente.
