Mayo 04, 2022
La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), lidera una política pública sobre el aborto seguro en las 32 entidades federativas para asegurar que la prestación de servicios cumpla las bases científicas indispensables; se cuenta con infraestructura y personal capacitado, afirmó la directora general del centro, Karla Berdichevsky Feldman.
En su participación durante el conversatorio “Los derechos sexuales y reproductivos”, destacó que una de las prioridades del CNEGSR es robustecer el trabajo en las entidades para ofrecer las condiciones que permitan proteger y ejercer la autonomía reproductiva de las niñas, adolescentes y mujeres con capacidad de gestar.
En ese contexto, se deben fortalecer las capacidades de los servicios de aborto seguro para que la atención se otorgue de manera universal, con calidad y calidez humana, sin importar que sean o no espontáneos, puntualizó Berdichevsky Feldman.
Los servicios se alinean a los más altos estándares de calidad internacionales, con tecnologías innovadoras, acorde con las necesidades o las condiciones de la mujer gestante; y siempre centrados en las usuarias, detalló.
La política pública denominada Lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México se encuentra disponible en https://bit.ly/3sg82ZN. Este documento establece los elementos centrales para elevar los estándares de calidad en todo el país.
Puntualizó que donde se restringe o castiga la práctica de la interrupción del embarazo se registra mayor cantidad de prácticas que ponen en riesgo la salud y la vida de la persona gestante, ya que interpretar restrictivamente las leyes y normas no disminuye la incidencia, pero sí contribuye a que ocurran en condiciones de inseguridad, lo que ocasiona mayor impacto en la morbilidad y mortalidad materna.
Calificó como emblemático el trabajo realizado en la Ciudad de México, al ofrecer servicios ambulatorios y desmedicalizar la atención. “Se ha convertido en la punta de lanza en la oferta de los servicios de aborto seguro, con los más altos estándares de atención”.
La representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en México (UNFPA), Alanna Armitage, sostuvo que la criminalización del aborto no evita que se lleve a cabo y solo pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres. A nivel mundial, más de 60 por ciento de embarazos no intencionales terminan en aborto y, aproximadamente, 45 por ciento son inseguros.
“Despenalizar el aborto y garantizar su acceso en condiciones seguras implica un gran paso, no sólo para evitar la mortalidad y morbilidad materna, sino también representa un avance para garantizar los derechos y el acceso universal a la salud sexual y reproductiva”, apuntó.
