Julio 16, 2025
La Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, que preside el senador Enrique Inzunza Cázarez, avaló el dictamen para solicitar al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), que refuerce las acciones de visibilización y prevención del matrimonio infantil y las uniones forzadas.
El documento que sustenta el exhorto advierte que, a pesar de que el Congreso de la Unión ha reformado el Código Civil Federal y el Código Penal Federal para establecer edades mínimas para el matrimonio y castigar las uniones forzadas, aún persisten malas prácticas en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Un informe de abril del 2025, elaborado por diversos organismos nacionales e internacionales, entre ellos el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Consejo Nacional de Población (Conapo), advierten que en esas entidades persisten “tradiciones milenarias” que propician uniones tempranas, en un contexto donde las redes comunitarias y los usos y costumbres continúan vigentes.
En marzo de 2025, la Unicef también reportó que México ocupa el segundo lugar en América Latina, y el décimo a nivel mundial, en número absoluto de adolescentes que se encuentran unidas antes de los 18 años.
El dictamen subraya que se debe de tomar en cuenta que las campañas informativas y de sensibilización juegan un papel crucial para visibilizar y combatir el matrimonio infantil y las uniones forzadas por diversas razones.
Por ejemplo, sacan a la luz una práctica que muchas veces se invisibiliza bajo el argumento de “tradición” o “costumbre”, lo cual impide que se reconozca su carácter de violaciones graves a los derechos humanos.
También, sensibilizan tanto a tomadores de decisiones como a la población general, acerca de las consecuencias a largo plazo, como son las afectaciones por embarazos tempranos.
Asimismo, fortalecen la prevención al proporcionar información accesible y adaptada culturalmente en comunidades vulnerables, reduciendo los factores estructurales que perpetúan estas prácticas nocivas.
El dictamen avalado por la Primera Comisión en su sesión de esta mañana plantea que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y sus homólogos en las entidades, acompañen al Sipinna en esta tarea y exhorta a que los congresos locales que no lo hayan hecho, tipifiquen estas conductas en el ámbito penal.
En temas similares, el órgano también avaló el dictamen de un punto de acuerdo para solicitar a las fiscalías General de la República y estatales, y a las autoridades penitenciarias federales y estatales a que refuercen protocolos contra el abuso infantil en Centros de Readaptación Social.
Lo anterior, ya que diversas organizaciones han documentado hechos de violencia sexual y abuso contra niños y niñas que ingresan a estos centros como visitantes o que conviven con sus madres privadas de libertad.
“Estas situaciones se agravan por la carencia de protocolos de protección infantil, la falta de espacios dignos y seguros, así como la insuficiente capacitación del personal penitenciario en temas de prevención del abuso y atención psicológica”, agrega el dictamen.
