Abril 11, 2022
En los tiempos modernos, y en cada nueva etapa de la revolución tecnológica -proceso social que no se detiene jamás, como las ciencias-, el sector eléctrico es, y continuará siendo, el detonador de la economía de cualquier país, grande o pequeño.
Todo va a estar subordinado a la generación de electricidad sin la cual es imposible concebir el desarrollo de una industria nacional del tipo y tamaño que sea, de allí que todos los gobiernos, sin excepción, consideren estratégica la industria de generación, transmisión y distribución, incluso siendo privada.
Dentro de ella, las tarifas eléctricas constituyen un instrumento para redistribuir el ingreso- casi siempre mediante el subsidio al consumo de energía eléctrica de los grupos más desfavorecidos- y para apoyar a la industria nacional a fin de acelerar su desarrollo y aumentar la competitividad.
El subsidio evita conflictos por su tendencia a atenuar el estrés del gasto familiar y porque, a menudo, actúa en países de desarrollo alto o medio como mecanismo para contrarrestar o disminuir los índices de inflación y, con ello, regular el comportamiento de las variables macroeconómicas.
Resumiendo, la generación eléctrica es clave en los programas de desarrollo económico de un país, sea o no productor de energéticos, y a tal extremo, que sus niveles de despacho marcan a simple vista la capacidad del parque industrial nacional y los estándares de bienestar de la sociedad.
Hay ciudades más oscuras que otras porque el nivel económico no les permite iluminarlas como corresponde, lo cual es considerado una debilidad o insuficiencia en su sistema productivo que afecta el bienestar social.
LAS IDEAS DE LÓPEZ OBRADOR
Estas y otras muchas circunstancias explican por qué el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reitera que el sector energético, incluida la generación de electricidad, es un factor estratégico esencial que debe estar controlado por el estado, sin denegar una participación del capital privado en su dinámica.
Al proyectarlo como un todo, el gobierno mexicano no plantea una simple complementación entre sus industrias más productivas, Petróleo Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), a las que añade de nueva cuenta el litio como mineral clave para el futuro energético de la humanidad, y el desarrollo de tecnologías modernas para la explotación de fuentes renovables de diversa naturaleza.
En consecuencia, la generación eléctrica constituye un espectro multidimensional del servicio público más trascendente al que está sujeto toda la sociedad, por su proyección tan abarcadora del sistema productivo nacional, tecnológico, minero, alimentario, transporte, sanitario, educativo, comercial y hasta deportivo y recreativo.
López Obrador estima que las riendas de un asunto de tal envergadura deben estar en manos del estado y no privadas, para evitar el riesgo de que los intereses particulares y de lucro superen a los de la nación y perjudiquen al soberano, que es el pueblo, como está ocurriendo en estos momentos en España, otros países europeos, y Estados Unidos, donde los gobiernos no han sido capaces de detener la espiral de altos precios al consumidor.
La estrategia de México radica en fortalecer a Pemex para que los energéticos fósiles sean procesados totalmente por la industria nacional, y no colocar el crudo en el mercado mundial -salvo la coyuntura actual por la guerra en Ucrania y las sanciones económicas a Rusia- y convertirse de importador en exportador de gasolinas y combustibles.
De igual manera, rebajar al mínimo los índices de contaminación ambiental de las termoeléctricas, eliminar el uso de combustóleo y el carbón, mejorar la utilización del gas y potenciar al máximo las hidroeléctricas que tienen la doble ventaja de ser incluso menos agresivas al medio ambiente que la eólica, más barata y permanente y no intermitentes como las que dependen del aire y el sol o el movimiento del mar.
Por lo tanto, no hay una complementación, sino una conexión muy estrecha con la CFE que es la empresa destinada a garantizar un suministro de electricidad estable, suficiente y barato a un país de dos millones de kilómetros cuadrados, un enorme parque industrial y automotor y 127 millones de habitantes con ciudades altamente consumidoras de energía.
LA GRAN CONTRADICCIÓN DE MÉXICO
México tiene la gran contradicción de que, siendo el primer país de América que nacionalizó su petróleo en 1938 con el general Lázaro Cárdenas como presidente, y la totalidad de la industria eléctrica, en 1960 con el presidente Adolfo López Mateo, reprivatizó una gran parte de esa riqueza cuya generación de divisas dejó de ir a las reservas financieras de Hacienda para nutrir las de España, Estados Unidos, y unos pocos países más.
Fue un proceso que comenzó con Carlos Salinas de Gortari a finales del siglo pasado, y continuó hasta diciembre de 2018 cuando López Obrador asumió la presidencia de la República y proclamó como tarea principal la batalla contra la corrupción y el rescate de Pemex y de la CFE, pues sin aniquilar el lastre de la descomposición- “barriendo como las escaleras, de arriba hacia abajo”-, sus planes de rehabilitación del sector y la toma de su control serían apenas un sueño en una noche de verano.
Los sexenios de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) fueron los de mayor entrega, corrupción y declive de Pemex y CFE, cuyo punto culminante fue la seudo reforma energética de este último en 2013, aprobada por la compra de votos a legisladores con dinero físico que se distribuía en maletas en la propia residencia presidencial de Los Pinos y en la sede de Pemex, como se documentó en el juicio al exdirector de la petrolera Emilio Lozoya.
Una de las primeras acciones de López Obrador fue denunciar y desmontar esa reforma y proclamar la suya la cual presentó el 30 de septiembre de 2021 al Congreso y enseguida desató todos los demonios escondidos dentro del aparato gubernamental hacía 36 años, que se lanzaron contra la iniciativa del mandatario con el apoyo de Madrid y Washington
LA NUEVA REFORMA PROPUESTA POR LÓPEZ OBRADOR
En sus líneas generales, la nueva ley eléctrica modifica los conceptos generales que rigen el sector energético mexicano, incluidos en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que son los que se reforman, además de una serie de transitorios que, unidos, representan un cambio de dirección significativo del marco legal y el diseño institucional establecido por Peña Nieto desde su reforma en favor de Iberdrola y varias más
La iniciativa de López Obrador tiene sobre todo un impacto directo en toda la cadena de valor del sector hidrocarburos y de electricidad planteado en el curso de este artículo. Respecto de los cambios estructurales se centra en consolidar el control de todas las actividades del sector eléctrico.
Para ello, la CFE y Pemex pasan a ser entidades gubernamentales, en lugar de empresas productivas del estado, y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), entidad gubernamental encargada de operar el Sistema Eléctrico Nacional y el Mercado Eléctrico Mayorista, se integraría en la CFE.
Desaparecen la Comisión Reguladora de Energía encargada de las actividades del mercado eléctrico, y de petróleo y gas denunciada como un nido de alta corrupción, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos para la exploración y extracción de petróleo y gas, lo que les molesta mucho a las empresas extranjeras. (Por Luis Manuel Arce Isaac, PL-México)
