Enero 08, 2023
Ante el desafío laboral que tiene México para otorgar empleo a las y los egresados de educación superior, la diputada Rocío Hernández Villanueva (Morena) promueve una iniciativa para crear un Sistema Nacional de Seguimiento de Egresados en todas las universidades del país.
Para ello, propuso modificar seis artículos de la Ley General de Educación Superior, tras destacar la necesidad de corregir la concentración de la matrícula universitaria en carreras tradicionales que tiene efectos económicos perniciosos, como la saturación de los mercados de trabajo profesional, bajos salarios y que los profesionistas ejerzan ocupaciones diferentes a sus estudios.
Además, se requiere modificar la planeación de este sistema de enseñanza en su conjunto. “Un buen principio es establecer un sistema de seguimiento de egresados en todas las universidades públicas y privadas del país”, porque si los problemas de pertinencia de la matrícula se mantienen y persisten vacíos de información sobre el futuro laboral de los egresados universitarios, México comprometerá su desarrollo.
La legisladora subrayó que el tema central no es si los profesionistas tienen trabajo, sino en qué están ocupados. El Banco Mundial estima que anualmente alcanzan la edad productiva un millón 300 mil jóvenes en México, de los cuales, casi 600 mil tienen formación universitaria.
“De este tamaño es el desafío laboral que plantea la macroeconomía del crecimiento y la educación superior en nuestro país”, destacó Hernández Villanueva.
La diputada por Veracruz planteó en el artículo 36, primer párrafo, que las autoridades educativas federal, estatales y municipales, se coordinen “para crear un Sistema Nacional de Seguimiento de Egresados”, en los términos de la Ley General de Educación Superior.
En el precepto 47, fracción primera, sugirió establecer las bases para la organización, colaboración, coordinación y desarrollo de la educación superior para tal propósito. Asimismo, en el artículo 8, fracción XXI, propuso “que cada institución educativa estructure un sistema de información sobre la situación laboral de sus egresados”.
Mientras que en los artículos 9, fracción VIII; 10, fracción IV y 21, segundo párrafo, propuso adiciones para desarrollar “sistemas institucionales de seguimiento de egresados para que a las personas que cursen educación superior se les facilite” su incorporación a los sectores social, productivo y laboral, y los apoyen en dicho proceso, mediante dicho procedimiento.
A través de esas reformas, señaló la diputada Hernández Villanueva, se busca crear en los portales de las instituciones de educación superior una estadística básica de consulta abierta, que sirva para regular el marco de decisiones que toman tanto las autoridades educativas, las universidades, como los alumnos y padres de familia, respecto de las carreras profesionales.
Aseguró que “establecer un seguimiento de egresados a nivel nacional no resulta secundario en el análisis de las políticas públicas para el desarrollo”, en virtud de que la educación superior y el nuevo universo del trabajo se enfrentan a nuevos referentes con la desaparición de una gama amplia de empleos y la lentitud con que nacen nuevas oportunidades laborales.
En la actualidad, un porcentaje de egresados universitarios no está inserto en la economía formal, por eso es importante que haya crecimiento sostenido en la oferta laboral a tasas que rompan la inercia de las últimas décadas, abundó.
Se requiere identificar cuántos egresados laboran en una ocupación que no corresponde a su formación universitaria, lo cual es fundamental no sólo para formular políticas públicas, sino para la eficiencia del gasto en el subsistema de educación superior.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), esta situación conduce al abaratamiento de la fuerza de trabajo profesional, dado que cientos de egresados tienen que competir por muy pocas vacantes en ámbitos de subocupación, desempleo abierto o emigración profesional.
En los últimos años, dijo la diputada Hernández Villanueva, uno de los problemas más graves que tiene México es la composición de la matrícula universitaria: 50 por ciento se integra por estudiantes inscritos en el área económico-administrativa y de ciencias sociales, y menos de 2 por ciento está en ciencias naturales y exactas.
Finalmente, explicó que muchas de las instituciones que aparecen en el mercado con servicios de educación superior no invierten en laboratorios o en tecnologías para impartir química, medicina, odontología, investigación biomédica o ciencias genómicas.
