Mérida, Yucatán; 17 de enero de 2026.- En el marco de la reunión plenaria del grupo parlamentario de Acción Nacional, celebrada este martes en la capital yucateca, la dirigencia nacional y sus legisladores trazaron la hoja de ruta para el próximo período ordinario de sesiones. Con discurso centrado en la defensa de las instituciones democráticas, el PAN advirtió que la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo -denominada por ellos como “Ley Maduro”- representa un riesgo de retroceso hacia un régimen autoritario.
Los acuerdos que se pretenden alcanzar (o alcanzados) por los 70 legisladores y senadores presentes se concretan en tres ejes fundamentales entre los que se encuentran:
Primero el blindaje ante la narcopolítica. En este caso el PAN formalizará la propuesta de nulidad inmediata de elecciones donde se compruebe la participación del crimen organizado, así como la extinsión de registro para partidos que reciban financiamiento ilícito (huachicol o narcotráfico).
Segundo, Justicia Tarifaria y Energética, misma que exigirá la aplicación de la Tarifa 1F de energía eléctrica para Yucatán y zonas con temperaturas superiores a los 28 grados C. Además, propondrán una ley de compensación por apagones, obligando a la CFE a reponer días de servicio y pagar por equipos dañados.
Tercero, la contrarreforma Electoral. Esta frente a la intención de eliminar la representación proporcional, el PAN impulsará la segunda vuelta electoral, el uso de la urna electrónica para mexicanos en el extranjero y la eliminación de la sobrerepresentación legislativa.
Se destaca la asistencia en la plenaria como Jorge Romero, presidente Nacional del PAN; Elías Lixa, coordinador de los diputados federales y anfitrión del evento; Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Ricardo Anaya, Coordinador de los Senadores; Isabel Rodriguez y Noemí Luna, figuras clave en la cohesión del grupo parlamentario.
Un punto que destacó y del cual se hace relevante es la insistencia en la segunda vuelta electoral. Aunque se presenta como una medida democrática, se señala que esta figura es más propia de los regímenes parlamentarios o semipresidencialistas europeos, donde se busca forzar coaliciones de gobierno. En el contexto de los congresos latinoamericanos, su implementación busca evitar que un partido con mayoría relativa concentre el poder total, intentando diluir el peso del “oficialismo” que señalan es el actual.
