6 de agosto de 2024 publicado aquí hoy 9 del mismo mes y año.
· En marzo del 2024 se registró la afectación de 769 colmenas, pertenecientes a 22 apicultores establecidos en diversas comunidades del municipio de Tizimín, Yucatán.
· Estas colmenas estaban en apiarios ubicados en 4 regiones diferentes del municipio cercanas a ranchos propiedad de la empresa Enerall, que en ese momento se encontraba cultivando maíz bajo riego.
· Se encontró que la causa de muerte de las abejas fue una intoxicación con el insecticida Fipronil. Este plaguicida se encuentra prohibido en decenas de países por ser altamente peligroso para las abejas.
· Se calcula que las pérdidas económicas son de más de 4 millones de pesos, además de la pérdida de 3630 días de trabajo rural.
· Se presentaron denuncias ante PROFEPA y SENASICA, que hasta ahora y a pesar de informar que están realizando diligencias para investigar los hechos denunciados, no han impuesto alguna medida de seguridad para atender el problema.
Desde el 2018, los reportes de muerte de abejas por intoxicación con plaguicidas han aumentado en el municipio de Tizimín. Se ha observado el abandono de colmenas por la aplicación de herbicidas en potreros cercanos a los apiarios y también muertes masivas de abejas por intoxicación con insecticidas aplicados en cultivos de papaya, chile, tomate, maíz y soya[1]. A pesar de que algunos grupos de apicultores presentaron denuncias ante PROFEPA por la muerte de abejas (2018, 2022), no hubo respuesta de las autoridades, ni reparación de los daños por parte de los responsables de las aplicaciones de insecticidas que afectaron a las abejas.
El problema ha crecido. A finales del mes de febrero y mediados del mes de marzo de 2024, apicultores de las comunidades de Chenkekén, San Pedro Juárez, Dzonot Mezo, Tixcancal, San Luis Tzuctuk y Santa Clara Dzibalkú, del municipio de Tizimín, Yucatán, observaron la muerte masiva de abejas que presentaban claros síntomas de intoxicación por plaguicidas. Muchos de estos apicultores observaron que, hasta el mes de junio, las abejas seguían muriendo.
En conjunto, apicultores y apicultoras, la Alianza Kabnalo’on y el personal especializado del equipo de ECOSUR, realizaron un censo de afectaciones en 38 apiarios pertenecientes a 22 personas, basándose en el Protocolo de Acción ante la muerte masiva de abejas provocada por intoxicación con plaguicidas (elaborado por la propia Alianza, Ecosur y otras organizaciones del país). Se encontraron 536 colonias de abejas severamente dañadas y 233 colonias afectadas parcialmente por disminución de la población. En 7 de los apiarios se recogieron muestras de abejas muertas que fueron llevadas al Laboratorio Nacional de Toxicología, en CIATEJ, Unidad Apodaca. En los análisis toxicológicos realizados se encontraron residuos de los siguientes insecticidas: fipronil, clorpirifos y endosulfan, así como fipronil sulfone y fipronil sulfide (metabolitos de fipronil). Tanto el fipronil como el cloripirifos se consideran plaguicidas altamente tóxicos para abejas. El Fipronil está prohibido en toda la Unión Europa y 11 países más debido a sus efectos letales sobre las abejas.
En México ha sido el principal causante de las muertes masivas de abejas registradas en los últimos años en todo el país, por lo que se ha pedido a COFEPRIS la cancelación de su registro en México en denuncias previas por muerte de abejas en Hopelchén, Campeche. El endosulfán también es un plaguicida altamente peligroso cuyo uso ya no está autorizado en México, ni en otros 129 países.
Se presume que los insecticidas que intoxicaron a las abejas provinieron de los ranchos de la empresa Enerall conocidos como Santa Cruz, Paknal, Granados y San Mateo, en donde se sembraba maíz bajo riego y donde se ha observado la aplicación de plaguicidas. La distancia entre los apiarios afectados y los ranchos va desde los 240 metros (Dzonot Mezo) hasta los 6.7 kilómetros (zona conocida como Santa Cruz).
Se calcula que el costo económico de esta muerte masiva de abejas es de, al menos, 4,371,700 pesos, tomando en cuenta la producción de miel que se perdió, las colmenas que murieron y el servicio de polinización que las abejas dejaron de prestar a la agricultura en la región. Además, se calcula que se perdieron al menos 3,630 días de empleo rural. El costo real de la intoxicación es sin duda mucho mayor, ya que la superficie de afectación es probablemente más grande y hay apicultores que, aunque manifestaron la afectación de sus abejas, no la cuantificaron ni proporcionaron la información. El registro de afectaciones sólo incluye los datos de 38 apiarios, sin embargo, se sabe de otros apicultores afectados en la zona de San Pedro Juárez y de San Luis Tzuctuk. Apicultores afectados en el Rancho Canarias afirman que hubo muerte de abejas en apiarios ubicados a más de 4 kilómetros de distancia.
Más allá de los daños económicos, hay otros que son inmateriales e imposibles de cuantificar. Hay un daño ambiental importante, pues además de las abejas de los apicultores, están afectadas las abejas nativas, de las cuales la Península de Yucatán alberga al menos 233 especies, sin dejar de mencionar a una gran variedad de insectos polinizadores y otras especies afectados por las fumigaciones. Hay, por lo tanto, unaafectación a la riqueza biocultural que representan las abejas para la cultura maya y también una afectación al derecho humano a un medio ambiente sano, además de la afectación a la libertad de realizar una actividad profesional campesina de forma libre y segura.
Derivado de los últimos acontecimientos ocurridos en el presente año, se han presentado dos denuncias ante PROFEPA y una ante SENASICA, sin que hasta la fecha los hechos denunciados hayan sido investigados ni muchos menos sancionados. Tampoco se han dictado u ordenado las medidas de seguridad para evitar que estos hechos se repitan, a pesar de que en dichas denuncias se solicitó la aplicación de las disposiciones de la Ley General de Víctimas, en particular, para invocar que se aplique la garantía de no repetición y los apicultores puedan tener mayor tranquilidad de que los hechos no se volverán a repetir. Lo anterior, ya que en principio el uso de plaguicidas no está permitido para regiones como la Península de Yucatán, debido a su suelo kárstico altamente permeable, con la finalidad de proteger el agua superficial y subterránea, conforme a las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-232-SSA1-2009.
De acuerdo con datos del SIAP-SADER, el municipio de Tizimín es el principal productor de miel en el estado de Yucatán. De no atenderse esta situación de manera integral, el impacto en el corto plazo será grave, ya que la agricultura intensiva en el municipio está creciendo.
Es urgente eliminar el uso del insecticida Fipronil, y otros plaguicidas altamente peligrosos, por lo que se volverá a reiterar la petición a COFEPRIS para cancelar o revocar los registros y permisos para la importación y uso de dicho plaguicida. Las autoridades de los 3 niveles de gobierno, en conjunto con los agricultores de la región, deberán implementar prácticas alternativas, agroecológicas, para el manejo de las plagas y enfermedades de los cultivos. El diálogo entre apicultores y agricultores es fundamental para caminar hacia sistemas de producción que coexistan y garanticen los derechos humanos a la salud, al agua y a un medio ambiente sano para todos y todas.
El informe completo de esta muerte masiva de abejas se puede encontrar en https://bit.ly/3WxZEmD.
Boletín de la Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo’on
