Junio 13, 2024
Como parte de las actividades por el Día Mundial Sin Tabaco, que iniciaron el 31 de mayo, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) llevaron a cabo el foro “Proteger a niñas, niños y jóvenes de la interferencia de la industria tabacalera”
En ese contexto, el titular de Conasama, Juan Manuel Quijada Gaytán, hizo un enérgico llamado a la Suprema Corte, a jueces y magistrados a velar por la salud por encima de los intereses económicos y de la industria del tabaco. “No es posible permitir la preeminencia del poder económico por encima de la salud de los mexicanos, de la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
Señaló que la agenda que prioriza a niñas, niños y adolescentes es la que se debe seguir, “preguntándoles cómo se sienten, qué les preocupa, y transformar esas preocupaciones en políticas públicas”.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Ruy López Ridaura, puntualizó que, aun con los esfuerzos emprendidos en esta administración y los resultados en materia de control de tabaco, aproximadamente 70 por ciento de las personas que asisten a bares y centros nocturnos y 18 por ciento a restaurantes, están expuestas a productos de tabaco.
Informó que ha sido posible disminuir la exposición al tabaco de segunda mano en lugares públicos, pero cuando están los intereses comerciales involucrados en restaurantes y bares, ha costado mucho trabajo.
Se refirió a tres amparos que prosperaron en el seno del Poder Judicial y que se plantearon en contra de la Ley General para el Control del Tabaco https://t.ly/5ad44 y de su reglamento https://t.ly/QW-5V, por lo que se pronunció a favor de ponderar el interés superior del derecho a la salud por encima de intereses comerciales particulares de los principales actores de la industria tabacalera en México.
Manifestó que la prioridad del control del tabaco debe materializarse en una política pública regulatoria que no se limite a convencer e informar sobre los riesgos, sino que se traduzca en una herramienta para restringir y eventualmente eliminar la exposición a productos de tabaco; “lo que tiene que hacer la industria en este caso es dejarse regular; pagar impuestos y dejarse regular”.
La abogada general de la Secretaría de Salud, Liliana Hernández Mendoza, detalló que es necesario promover leyes más estrictas que limiten la publicidad de los productos de tabaco y nicotina, que prohíban su venta a menores y regulen sus ingredientes y etiquetado, así como crear y mantener espacios libres de humo para reducir la exposición. “Es una lucha constante que como sociedad tenemos que librar”.
Hizo un llamado a actuar de forma decidida para garantizar que las próximas generaciones crezcan en un entorno seguro y saludable, libres de tabaco.
Sobre las áreas de oportunidad en materia regulatoria, el director de la Oficina Nacional de Alcohol y Tabaco de Conasama, Jorge Alejandro Tenorio Bello, manifestó que es necesario seguir luchando en lo relativo a los saborizantes y aditivos en productos convencionales y nuevos.
Consideró necesario trabajar para incluir en las leyes la prohibición de esos componentes, sobre todo en los nuevos productos de nicotina que hace que los jóvenes se enganchen.
Añadió que, si bien existe evidencia científica de la efectividad de los pictogramas, hace falta concretar el empaquetado plano y neutro para evitar los colores llamativos y asegurar que las advertencias cubran todo el producto.
La directora general en Conasama, Evalinda Barrón Velázquez, exhortó a madres y padres de niñas, niños y adolescentes a no dejarse influir por las estrategias de la industria tabacalera que tienen el objetivo de desacreditar la evidencia científica sobre el daño de los productos de tabaco y los llamados vapeadores.
“Los tres órdenes de gobierno, los Poderes de la Unión, los organismos internacionales, la sociedad civil, la academia y el ámbito de investigación debemos seguir trabajando de manera coordinada en esta estrategia para el desarrollo, fortalecimiento y defensa legal de las políticas de control de tabaco”.
Afirmó que, aunque el modus operandi de la industria tabacalera sea invertir millones de dólares en publicidad, patrocinio, mercadotecnia y en comprar voluntades, este gobierno sabe que el poder económico no puede estar por encima de la salud de las y los mexicanos, ya que, además, 90 por ciento aprueba los cambios hechos en la ley.
La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Nuria Fernández Espresate, consideró que las drogas de mayor peligro para la sociedad son las más visibles como el alcohol, el cigarro y el azúcar, por lo que, es necesaria una trasformación cultural y revolución de las consciencias para que reuniones y convivencias se asocien a otros valores como la cultura y el deporte, para lo cual se debe incluir a la niñez como promotora de este cambio.
El representante en México de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS), José Gerardo Moya Medina, puntualizó que las actividades por el Día Mundial sin Tabaco tienen el propósito de concientizar y sensibilizar a la población sobre las tácticas de la industria para crear nuevos consumidores, con estrategias dirigidas a niñas, niños y jóvenes.
“Nos unimos al llamado de los jóvenes para alentar a todos los Estados miembros de la OPS a adoptar un enfoque integral de control de tabaco contrarrestando las prácticas manipuladoras de las tabacaleras.”
Informó que a nivel mundial el tabaco mata a más de ocho millones de personas cada año, de las cuales un millón ocurre en la región de las Américas, donde el tabaquismo es responsable de 16 por ciento de los decesos por enfermedades cardiovasculares, 25 por ciento por cáncer, 52 por ciento por padecimientos respiratorios crónicos y 11 por ciento por diabetes.
En el foro celebrado en el Centro Cultural “Congreso 20” del SNDIF, ubicado en el centro de la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, también participó la comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Miriam Jackeline Loera Rosales.
