Abril 24, 2023
Después de tres días de reuniones en el marco del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe los países Parte avanzaron en la construcción del régimen de protección para las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
La Delegación mexicana fue encabezada por Camila Zepeda, directora general para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) quien destacó la necesidad de trabajar durante la próxima Conferencia de las Partes en 2024, en el desarrollo un Plan de Acción de Género para el Acuerdo, en clara línea con la política exterior feminista mexicana.
De los temas en la agenda, durante el asunto arreglos financieros, se reconoció a México por realizar la primera contribución al Fondo de Aportaciones Voluntarias que permitirá apoyar actividades de implementación en naciones que tengan dificultades para financiarlas y otras propias del Acuerdo, como el Primer Foro Anual de Personas Defensoras que se llevó a cabo en Ecuador en 2022.
La funcionaria destacó que los recursos aportados por el país (150 mil dólares), en diciembre de 2022, demuestran “el compromiso del Gobierno de México para la plena implementación del Acuerdo de Escazú” e invitó a otras naciones a fortalecer la “solidaridad latinoamericana”. Por su parte, Chile anunció que su Congreso al momento de aceptar la incorporación al Acuerdo también aprobó una aportación al fondo.
Sobre el Comité de Apoyo a la Aplicación, de entre más de medio centenar de postulaciones, los países Parte eligieron por consenso a siete personas que, a título personal y de manera imparcial, harán recomendaciones a los Estados Parte para el cumplimiento del Acuerdo, tomando en cuenta sus capacidades y circunstancias nacionales.
Desde hoy, Guillermo Eduardo Acuña (de Chile); Mariana Blengio Valdés (Uruguay); Rita Leonette Joseph-Olivetti (Granada); Patricia Madrigal Cordero (Costa Rica); Andrés María Napoli (Argentina); Carole Denise Angela Stephens (Jamaica); y Félix Wing Solís (Panamá), tienen la tarea de vigilar la implementación del Acuerdo de manera constructiva.
Durante la sesión especial de diálogo regional, seis países, incluido México, intercambiaron experiencias sobre las medidas que han tomado para materializar el estrecho vínculo entre la protección del ambiente y el bienestar de las personas.
La jefa de la Delegación mexicana, hizo un recuento de los aciertos, pero también habló de los retos y oportunidades que se han identificado en México, en un proceso desempeñado por diversas instancias gubernamentales y representantes del público, acompañados de agencias europeas de cooperación internacional.
México contó con la participación de la Embajada de México en Argentina, así como de dos personas representantes del público, Melissa Hernández Méndez y Javier Ruiz Cruz, lo cual demuestra el compromiso de México por honrar la premisa de inclusión del Acuerdo de Escazú.
De manera paralela a esta Conferencia, nuestro país coordinó un evento virtual el miércoles, donde la subsecretaria Delgado presentó los avances del trabajo que la administración pública ha realizado en la materia, acompañada por agencias de cooperación internacional, para temas de gobernanza y acceso a la justicia, así como el diseño de un sistema de indicadores que se desarrolla para medir revisar y verificar los avances de la implementación del Acuerdo en México.
De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina, la COP 2 del Acuerdo de Escazú, que tuvo carácter extraordinario y congregó a 15 delegaciones de Estados Parte, ocho delegaciones de países observadores, 357 representantes del público, 110 delegados de gobierno, 74 representantes de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales (con más de 600 personas acreditadas en total).
