Enero 02,2022
Familiares de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, denunciaron a Francisco Reyes Contreras, juez de control del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, por violaciones al debido proceso y al principio de presunción de inocencia en el encarcelamiento de su padre.
En una carta enviada a los medios de comunicación, José Manuel, Óscar y María del Río calificaron de injusta la resolución que vincula a su padre José Manuel del Río Virgen en el supuesto homicidio en contra de Remigio Tovar.
En la carta, aseguran que Del Río Virgen es acusado a partir de conjeturas; no existen testimonios de personas que lo vinculen con el asesinato.
Refieren que, en la audiencia, el juez de control Francisco Reyes Contreras, reconoció y resolvió que en la carpeta de investigación no existe ninguna prueba que lo señalen como el autor intelectual del homicidio.
“Luego de reconocerlo, el juez de control planteó teorías para inculpar a nuestro padre alrededor de siete supuestos. Hacemos énfasis en que ninguno de los cinco fiscales que ingresaron a la audiencia mencionó ni uno solo de los supuestos en su petición de orden de aprehensión ni en la imputación”.
Agregaron que durante el “pronunciaron mediante el cual vinculó a proceso a nuestro padre, el juez se limitó a dar lectura incluso a sus argumentos, lo que hizo con dificultad, dejando ver ni siquiera conocía la redacción.
A pesar de que este pronunciamiento no expresa nada sustancial”.
Puntualiza que esta resolución “carece de hechos y consiste únicamente en creencias y posibles teorías sobre la participación del inculpado. En síntesis, nada concreto ni nada que señale a nuestro padre como responsable de la acción que se le imputa”.
Del mismo modo, revelaron anomalías duras te el desarrollo de la audiencia, la cual calificaron de “que es por sí misma una expresión acabada de violación al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.
En la carta, los hijos de Del Río Virgen afirmaron que en la audiencia no se presentaron pruebas en contra del inculpado, además de violarse los plazos constitucionales, al excederse por más de tres horas las 72 que ordena la Constitución.
“La audiencia inició aproximadamente a las 17:00 horas del 27 de diciembre, y el plazo constitucional vencía a las 13:22 del día siguiente.”
Después de expresados los alegatos de la fiscalía y la defensa, alrededor de las 9:10 de la mañana del 28 de diciembre el juez decretó un receso de dos horas que estimó suficiente para resolver sobre la situación jurídica, por lo que según su propio cálculo la audiencia debía reanudarse a las 11:10 horas.
Sin embargo, “sin justificación alguna, el juzgador reanudó la audiencia a las 13:18 horas, cuatro minutos antes de vencerse el plazo constitucional para resolver la situación jurídica de nuestro padre.”
Añade que, durante las cuatro horas siguientes, emitió una resolución centrada en leer y repetir lo que se encontraba en la carpeta de investigación, lo que provocó que se vulnerar a “a nuestro padre” su derecho al debido proceso.
Por ello, consideraron que Del Río Virgen es víctima de una evidente injusticia. “Reiteramos que no existe ningún hecho, prueba ni testimonio de persona alguna que lo vincule de ninguna forma con lo que se le acusa.”
Aseguraron que se trata de imputaciones basadas en meras conjeturas que exhiben una intención perversa y ajena al Estado de derecho.
Ante ello, “no pedimos que José Manuel del Río Virgen sea un caso especial. Lo que denunciamos es que éste es un acto de injusticia que se suma a los cientos que ya existen en el estado de Veracruz”.
En ese sentido, hicieron un llamado a detener las injusticias, el abuso de poder por parte de las autoridades, las violaciones a los Derechos Humanos y las resoluciones y sentencias dictadas por jueces que condenan sin que se les hayan acercado pruebas o argumentos convincentes, más allá de suposiciones.
Los familiares de José Manuel del Río Virgen hicieron un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a su Consejo Consultivo para que, una vez que ya atrajo la investigación del caso del imputado, “con forme a la naturaleza del mismo organismo, se pronuncien con la inmediatez que le permite su marco legal y se interrumpa la violación a los Derechos Humanos de la que es objeto.”
