Por Russell G. G. Arjona Tamayo
Mérida, Yucatán; 23 de jul de 2024.
El pasado fin de semana, Ejidatarios de Ucú, acompañados de diversos representantes de colectivos de la entidad, se manifestaron en contra de acciones de abuso de despojo de tierras y violación a sus derechos como ejidatarios que se pretende, señalan a un grupo de empresarios especuladores de tierras afectando el patrimonio de 320 ejidatarios expresaron en rueda de prensa
Los ejidatarios pidieron la intervención de las autoridades estatales y federales para frenar el despojo de tierras en Yucatán que daña a las familias de las comunidades, al mismo tiempo que buscan evitar que la mafia inmobiliaria deje sin tierras al estado y se pongan en riesgo la autosuficiencia alimentaria que es una actividad que realiza la gran mayoría de hombres y mujeres del campo para su consumo y una pequeña parte para los la comercialización.
“Este problema que daña a las comunidades del estado también pone en riesgo que las generaciones actuales de jóvenes y las futuras puedan contar con un espacio para sus viviendas», advirtieron.
En la rueda de prensa los manifestantes señalan que este problema inició en el 2021 cuándo se propone la división de las tierras en papel para que cada ejidatario, de un grupo de 355, venda sus tierras a sugerencia del comisario Miguel Ángel Magaña Tum y el empresario Ángel Azael Ruiz Ojeda, puntualizan y señalan de manera directa.
“en ese año traen al empresario Alejandro y Manuel Ruiz Ojeda para usufructuar las 825 hectáreas que correspondían en total a 355 ejidatarios lo cual representa para cada uno 17,606 punto 81 metros casi dos hectáreas», precisan del filete.
Añaden los ejidatarios que en mayo se realizó una asamblea de usufructo para iniciar el pago pero dicha asamblea fue demandada en el Tribunal Agrario por el ejidatario Felipe Quintal Dzul con el argumento de que el comisario violó sus derechos al otorgarle al otorgarle la tierra en un lugar que consideraba no apropiado para él y su grupo
En el manifiesto qué leyeron señalan que ante la demanda el empresario retira la asamblea en el Registro Agrario Nacional y deja de pagar a los ejidatarios para no arriesgar su dinero en tanto no se resolviera el problema.
Explican también que en noviembre del siguiente año vuelve al usufructuar la tierra para continuar con el pago de 220,000 a cada ejidatario, es decir a $12 el metro cuadrado y que en la rueda de prensa de manera irónica señalan que mucho más barato que un kilo de tortilla.
Los ejidatarios añaden que esa asamblea la vuelve a demandar Felipe Quintal y se detienen de nuevo los pagos.
De tal manera que añaden que posteriormente un grupo de ejidatarios que no decidieron vender acuden a la Procuraduría Agraria y logran un acuerdo donde se les respetarían las tierras de los 55, entregando en la procuraduría el plano del lugar que le correspondía a cada uno, los cuales están cerca de Chuburná Puerto dónde se está desarrolla el complejo de Ciudad Maderas y el Parque Científico de Yucatán.
Los ejidatarios dicen que estas tierras ya fueron brechadas contando con otros servicios de topografía particular para ubicar las coordenadas de cada lote.
Así mismo dicen que en 2023 un grupo de 15 ejidatarios que decidieron no vender acuden a la Procuraduría Agraria a manifestar la inconformidad por las tierras que no se otorgaron conforme al acuerdo establecido.
“En esa reunión el ingeniero Wilbert Lozada informa sobre la existencia de un convenio realizado con las dependencias ambientales para que ya no se dé el cambio de destino por la protección de los ecosistemas y naturaleza”.
“nos informa que el último dictamen estaba en jurisdicción de Semarnat»
Continúan puntualizando que a raíz de la negación de las tierras se envía un comunicado a María Luisa albores, Secretaria Federal del Medio Ambiente para informar sobre la situación de los ejidatarios con sus tierras en Yucatán.
“ante esta situación se realizan las mesas de diálogo por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador con otros grupos de ejidatarios que estaban peleando sus tierras por despojo».
«en las mesas de diálogo participan ejidatarios de Chocholá Cacalchén, Conkal, Yaxnic, Yaxcucul, aMscanú, Santa María Chi, Sitelpech, Tmucuy, Temax, entre otros»
Continúan su inconformidad señalando e informando que el pasado marzo del 2024, en el cambio de comisariado Felipe Quintal Dzul quien durante 9 años demandandó asamblea por supuestos despojos de tierra asume el cargo de comisario bajo la protección del empresario que durante muchos años el mismo demandó.
“Hoy denunciamos el intento de la creación de una Sociedad Mercantil propuesta por el empresario Alejandro Ruiz Ojeda con la finalidad de evadir el acuerdo que las dependencias ambientales hicieron para proteger la tierra de esa área se cierra», acusan.
“de esta forma intentan proteger la inversión que desde el 2021 están realizando en el ejido despojando a los ejidatarios de sus tierras”.
“en esta Sociedad están involucrados prestanombres de empresarios inmobiliarios en contubernio con Felipe Quintal olvidando que 35 compañeros del ejido no quieren vender y no buscan dar solución al problema de que por muchos años fue él dañado en su patrimonio».
Los ejidatarios dicen que en la Sociedad Mercantil se divide en 65% por parte de los empresarios y el 35% para el ejido, sin considerar que el activo principal y más valioso es la tierra propiedad de los ejidatarios, aclaran.
De la misma manera explican que actualmente el 10% de las tierras que Ángel Azael Ruiz Ojeda pretendía quitarle a cada uno de los ejidatarios que están vendiendo serán parte del acuerdo de la Sociedad Mercantil sin que se dé explicación cuál será el destino de esa tierra o el dinero que equivale a más de 8 millones de pesos en total.
En tal sentido los ejidatarios hacen un llaman a las autoridades a mirar este problema y tomar cartas en el asunto ya que señalan que estos empresarios dicen quieren aplicar el mismo esquema como Caucel aprovechándose del desconocimiento de los derechos de la gente y procedimientos qué se debe seguir ante las instancias correspondientes.
En el manifiesto concluyen exigiendo que se respete el acuerdo que se tomó con quienes no vendieron de otorgarles sus tierras en metraje lugar y que se realice una asamblea con la división de la tierra para evitar que los que ya vendieron participen del fondo común que ya no les correspondería.
En la rueda de prensa realzada en el local que ocupa el Frente Campesino en la Colonia Carranza, estuvieron Juan Pablo Noh Dzul, ejidatario del municipio de Ucú, integrante del Frente Campesino y director estatal del Conadepoa de Yucatán; el profesor y destacado representante social Pedro Quijano, director del Frente Campesino en Yucatán; la C.p. Geny Martín, Gobernadora de la Conadepoa; el Lic. Alfonso Narváez Márquez de la agrupación del Cuidado del Agua; Hilda Mirna Díaz Caballero de las Comunidades Indígenas Mayas y el representante legal de los ejidatarios.
Todas las personas hicieron uso de la palabra pero en la nota me limito al meollo del asunto.
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