Octubre 01, 2022
El expresidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, así como la exregidora Anayeli Rodríguez y el ex regidor Gerardo Enrique Güemes Manzo, fueron detenidos e ingresados al Centro de Reinserción Social de Morelos, situado en el poblado de Atlacholoaya, luego de que un juez de control dictará prisión preventiva por presuntamente incurrir en el desvío de más de 9 millones de pesos de las arcas municipales.
Esto, luego de una audiencia de control que arrancó con la sorpresiva ausencia del exalcalde, debido a que sufrió un supuesto accidente automovilístico mientras iba en camino a los juzgados para enfrentar las imputaciones presentadas por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Morelos.
Ante las supuestas lesiones provocadas por el accidente, Villalobos fue trasladado a un hospital privado. La defensa legal, mostró al juez un vídeo -que circuló en redes sociales y medios de comunicación- donde se observa Villalobos con collarín, en una camilla y con la ropa rasgada mientras es subido a una ambulancia.
En tanto, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que Villlalobos fuera declarado sustraído de la ley. El juez optó por declarar un receso y dar un plazo para que se acreditará el estado de salud del ex munícipe.
La audiencia fue reiniciada con la presencia física de la regidora y el regidor, mientras que el exalcalde la siguió a distancia. El pasado viernes 23 de septiembre, la Fiscalía Anticorrupción imputó a la y los exservidores públicos por la distracción del dinero de las aportaciones que realizaron empleados del Sistema de Alcantarillado y Agua Potable de Cuernavaca (Sapac) al Instituto de Crédito.
No obstante, este miércoles, luego de las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público, el juez especializado de control, Edie Sandoval Lome, determinó reclasificar el delito.
En el caso de Villalobos Adán, es acusado por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones, derivado del desvío de más de 9 millones de pesos. Rodríguez y Güemes Manzo, por su parte, son señalados por su presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones, por no evitar la afectación a los trabajadores, al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac) y al Instituto de Crédito Para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de Morelos (ICTSGEM).
De acuerdo con informes de la Fiscalía Anticorrupción, entre las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público figuran 13 mil 709 recibos de trabajadores donde se evidencian los descuentos que les hacían, los cuales no fueron enterados al Instituto de Crédito.
Además, aseguró la dependencia, fueron exhibidos movimientos bancarios como prueba que respalda lo establecido en los recibos.
Según la investigación relacionada con la causa penal JC/385/2022, sin motivo justificado, desde la primera quincena de enero del 2019 a la primera de octubre del mismo año, se retuvieron las cuotas generando una afectación de 9 millones 147 mil 482 pesos, de los cuales, 2 millones 284 mil 854 pesos son por recargos generados contra Sapac por no pagar las cuotas.
Por lo anterior, el juez ordenó prisión preventiva contra el expresidente y los dos ex regidores; estos últimos fueron ingresados de forma inmediata al penal de Atlacholoaya.
Más tarde, el juez concedió a la Fiscalía Anticorrupción una orden de aprehensión contra el exedil de Cuernavaca, interno en el Hospital Morelos. La orden se cumplimentó por la noche.
Defensa legal denunció actos irregulares por parte del juez
Juan Cuellar, abogado de Anayeli Rodríguez, denunció: “Los delitos no se configuran, pero pienso que bajo su perspectiva consideró que se configuraba un delito mucho más grave, se trata del delito de ejercicio abusivo de funciones y fue por el cual vinculó a proceso y de manera oficiosa impuso la prisión preventiva utilizando una reforma posterior al hecho; el hecho es del 2019 y la reforma es del 2021, hay muchas inconsistencias en la resolución”
Destacó: “Existe una máxima constitucional que nos dice que no se puede aplicar de manera retroactiva en perjuicio de una persona, eso lo establece la Constitución y los Tratados Internacionales, es decir, va en contra de la Constitución lo que se hizo este día”.
El abogado, subrayó que en este caso, “no se está juzgando con los mismos métodos que el resto de las personas, es una cuestión totalmente irregular. Se puede reclasificar el mismo hecho; puedo decir ‘no es ejercicio ilícito, pero si hay otra figura que se encuadre en una omisión’, pero aquí encuadrar en una omisión donde tuvo alterar el hecho, es decir, lo que resolvió no se debatió en la audiencia”.
Por ahora, la defensa analiza la posibilidad de apelar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) o bien, recurrir al amparo indirecto.
Con información de Aristegui Noticias
