Mérida, Yucatán; 6 de agosto de 2025.- La capital yucateca enfrenta una crisis de credibilidad institucional tras nuevas denuncias ciudadanas que acusan a funcionarios estatales y, en días pasados municipales, de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. En redes sociales, el ciudadano Manuel Carrillo García señaló directamente al director del Catastro del Gobierno del Estado, Hebert Martín Ayuso Cambranis, de solicitar entre 100,000 y 600,000 pesos para «agilizar» trámites en el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial (INSEJUPY) [ https://www.facebook.com/share/p/19LZTA4GSP/ ].
Corrupción sistémica: del Ayuntamiento a la seguridad jurídica del Estado
El escándalo se suma a la reciente sanción de 13 funcionarios del Ayuntamiento de Mérida –5 separados y 8 sancionados– por irregularidades en permisos de construcción y trámites urbanos, tras denuncias ciudadanas con pruebas documentadas [fuente: Nadie te Pregunto https://nadietepregunto.com.mx/ciudadania-desenmascara-corrupcion-en-ayuntamiento-de-merida-separan-a-5-funcionarios-y-sancionan-a-8-tras-denuncias-con-pruebas/ ]. Aunque la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada celebró la «colaboración vecinal», críticos señalan opacidad:
– Ningún funcionario fue nombrado públicamente.
– No se detallaron las irregularidades específicas.
– Solo el 2% de casos de corrupción en Yucatán llegan a juicio, según datos de colectivos locales.
La doble cara de la transparencia
Mientras que con mucho esfuerzo se promueve el «Renacimiento Maya» como símbolo de regeneración, las acusaciones contra Ayuso Cambranis revelan un patrón preocupante:
1. Extorsión en trámites: Ciudadanos reportan que funcionarios exigen «mordidas» para acelerar servicios.
2. Impunidad estructural: A pesar de las denuncias, no hay procesos visibles contra los implicados.
3. Respuesta ciudadana: Colectivos y Fuentes de Noticias exigen que el Insejupy cumpla su discurso anticorrupción, aclare o destituya a los acusados.
¿Acciones concretas o simulacro?
El caso del Ayuntamiento de Mérida –donde las sanciones se anunciaron junto al lanzamiento del Centro de Orden Urbano- , genera escepticismo. Expertos cuestionan si estas medidas son suficientes para erradicar redes de corrupción arraigadas por años.
En marzo de 2025, el Gobierno de Yucatán ya denunció actos de corrupción en la pasada administración panista, incluyendo expedición de actas apócrifas en el Registro Civil [fuente: La Jornada]. Hoy, las denuncias sugieren que el problema persiste.
