Febrero 16, 2022
Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen a una minuta, que busca que la Secretaría de Gobernación difunda y ponga a disposición de los pueblos y comunidades indígenas, las traducciones del Himno Nacional en la lengua materna que a cada una corresponda.
La reforma busca contribuir no sólo a la unidad e identificación nacional, sino también a la difusión y el fomento de los símbolos patrios.
Debido a que el Himno Nacional es uno de los símbolos patrios fundamentales, requiere del empleo de las versiones en lengua indígena, cuya fidelidad lingüística esté plenamente acreditada, a efecto de que la identidad pluricultural de México se enriquezca con el patrimonio lingüístico de los diversos pueblos y comunidades indígenas.
En este sentido, el dictamen plantea facultar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a realizar dichas traducciones.
Los símbolos patrios, establece el documento, no son exclusivos de un sector o una ideología, sino que pertenecen a toda la población, sin importar sexo, raza, lengua, edad, religión o nivel socioeconómico.
En la reunión de trabajo, las comisiones unidas, que presiden la senadora Mónica Fernández Balboa y el senador Manuel Añorve Baños, también aprobaron reformar el artículo 8 de la Ley General de Comunicación Social, para que en campañas de comunicación social se utilice el lenguaje incluyente, libre de discriminación.
Asimismo, se busca que en dichas campañas se elimine cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
Posteriormente, las y los senadores aprobaron reformar el artículo 72 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a efecto de que las y los jóvenes que participen en el Premio Nacional de la Juventud, en la categoría Fortalecimiento a la Cultura Indígena, puedan ser reconocidos por sus contribuciones al fortalecimiento y promoción de las lenguas indígenas nacionales.
En otro tema, las y los integrantes de las comisiones aprobaron reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Archivos, que propone trasladar la facultad de difundir y proyectar el derecho a la memoria de la nación al Archivo General de la Nación, ya que actualmente la facultad está a cargo de la Oficina de la Presidencia.
