Marzo 2, 2026
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron, con 24 votos a favor y 11 en contra, el dictamen con proyecto de decreto para reformar cuatro artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato, conocido como el “Plan B” en materia electoral.
El documento, que deriva de una iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reforma los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Carta Magna.
Con ello se busca regular la revocación de mandato y establecer límites al número de regidurías de los municipios, al presupuesto de los congresos estatales y a los ingresos de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral y de sus homólogos en las entidades.
Los órganos legislativos, que presiden los senadores Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza Cázarez, hicieron cambios a la iniciativa remitida por la titular del Ejecutivo Federal el pasado 17 de marzo al Senado de la República, a fin de hacer precisiones respecto al límite de las regidurías de los municipios del país, así como para añadir los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la redacción de las disposiciones.
De acuerdo con el dictamen, la modificación al artículo 35 constitucional establece que podrá solicitarse la revocación de mandado de la persona titular del Ejecutivo Federal en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión de su segundo o tercer año del periodo constitucional, proceso que se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ese mismo ejercicio.
En ese mismo artículo se añade que la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia, mientras que se prohíbe el uso de tiempos oficiales, así como la contratación de propaganda con fines de promoción y difusión relacionados con los procesos de revocación de mandato.
También plantea que, durante los sesenta días anteriores a la jornada para la revocación de mandato, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.
La modificación al artículo 115 de la Constitución General fija el límite de una sindicatura y hasta quince regidurías en la integración de los ayuntamientos del país, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.
El límite del presupuesto anual de las legislaturas locales se plantea con la reforma al 116 constitucional, que estipula que las constituciones estatales deben establecer que dicho presupuesto no debe exceder del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
Asimismo, la disposición precisa que se deberán garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género, en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales.
Por último, la reforma al artículo 134 de la Constitución Política precisa que las remuneraciones de consejeros electorales, magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas no podrán exceder de la remuneración que percibe el presidente de la República.
Tampoco podrán adquirir o contratar, con recursos públicos, seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
La senadora de Morena, Guadalupe Chavira de la Rosa, argumentó que los ejercicios para la revocación de mandato son parte de los ejercicios democráticos en varios países, y subrayó que, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sea de las mandatarias mejor evaluadas del mundo “no debemos confiarnos y pecar de soberbia” por lo que se debe someter a ese procedimiento.
Ricardo Anaya Cortés, del PAN, señaló que esta es la iniciativa de reforma constitucional “más pobre” que ha remitido la Presidencia de la República al Senado, pues se le corrigieron diversos errores de origen y no atiende los problemas de la intervención del narcotráfico en las elecciones ni la sobrerrepresentación en el Congreso.
El senador Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, defendió que la reducción de gastos y privilegios que propone la modificación constitucional puede generar recursos para infraestructura y para programas sociales, además de que abona a la democracia en México, contrario a lo que ocurre en otros países, donde, lamentó, se “apuesta por el pragmatismo y la violencia”.
Por el PRI, Claudia Edith Anaya Mota criticó que la reforma tiene la intención de “mancillar la Constitución” al “trastocar” sus principios republicanos y federalistas; subrayó que la Carta Magna nació de un “acuerdo entre plurales”, pero esta modificación es una “imposición de la voluntad” de un partido político que no abona a construir un Estado con visión de futuro.
Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, acusó que el proyecto de reforma “no busca fortalecer la democracia ni la participación ciudadana”, sino que “vulnera” el federalismo al imponer desde el gobierno federal un máximo de regidurías en los municipios, además de que “raya en la simulación y apesta a censura”, pues la restricción del uso de tiempos oficiales para promover la revocación de mandato no aplicaría a la conferencia mañanera de Presidencia.
La presidenta para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, entregó una propuesta para definir en la exposición de motivos del dictamen, que se consolida la igualdad sustantiva, perspectiva de género y paridad horizontal y vertical en el ámbito municipal y legislativo local, argumentación que las y los integrantes de las Comisiones aprobaron incluir en el dictamen del asunto.
