Agosto 17, 2023
Legisladoras y especialistas analizaron diversas reformas y acciones para apoyar a niñas, niños, adolescentes, a mujeres de cualquier edad que sufrieron cualquier tipo de violencia sexual y acoso, tanto en casa como en espacios educativos y laborales.
Durante el ciclo de conferencias “Mujeres por una vida libre de violencia sexual”, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, informó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en 2020, en pleno confinamiento por la Covid-19, se cometieron más de 88 mil violaciones a mujeres mayores de 18 años.
Sánchez Cordero subrayó que el Congreso de la Unión no ha quitado el dedo del renglón, porque estamos comprometidos con estos temas, para lo cual en el Senado aprobamos reformas para prevenir y sancionar la violencia sexual contra las mujeres, así como la prisión preventiva oficiosa para quienes abusen de niñas, niños y adolescentes.
Dijo que también se avaló la “Ley Olimpia”, que castiga a quienes ejercen violencia sexual por medios como los electrónicos y más recientemente la “Ley 3 de 3”, contra la violencia de género, que impide que los violentadores puedan contender para o acceder a un cargo público.
Subrayó que se aprobó la reforma que prohíbe el matrimonio infantil, para proteger a los menores y a los adolescentes de uniones con adultos.
“Por eso, sin miedo a equivocarme, puedo decir que todas las mujeres en este país, hemos sufrido algún grado de violencia sexual, desde sentirnos acosadas en las calles, hostigadas en los espacios educativos y laborales, presionadas, expuestas a la visión de la mujer como una mercancía o producto, hasta quienes padecen la violación”.
Estas agresiones, añadió, se dan en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, en lo familiar, escolar, comunitario y en el de pareja. “A nivel nacional cinco de cada diez mujeres expresaron que al menos una vez a lo largo de su vida experimentaron violencia sexual, al menos una vez”.
Aleida Alavez Ruiz, diputada federal, reconoció que la lucha para erradicar la violencia de género no es sencilla, pues se enfrentan a la resistencia de grupos que se oponen al avance de los derechos de las mujeres.
Indicó que desde el Congreso se impulsan iniciativas para definir a la violencia sexual, a partir de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como para establecer la obligación de contar con protocolos especializados, para la investigación de los delitos sexuales desde la perspectiva de género.
Además, para fijar las obligaciones de la Secretaría de Salud para garantizar el acceso a los servicios de aborto seguro en los casos de violencia sexual, añadió.
Martha Tagle Martínez, especialista en género, aseveró que la violencia sexual infantil es una problemática que se debe atender con urgencia, ya que es un fenómeno poco visibilizado que constituye una de las expresiones más graves en la vulneración de los derechos de los menores.
Mencionó que de acuerdo con la fundación “Alumbra”, la violencia sexual contra niños y adolescentes relevan que, en el 2021, se registraron 22 mil 400 agresiones sexuales contra menores en México, y entre el 2020-2021, se registró un incremento de tres por ciento en este delito, “el rango de edad fue entre los 10 y 14 años, cerca de dos mil víctimas corresponden a menores de cinco años”.
En ese sentido, señaló que se deben sumar todos los esfuerzos y desde el Congreso se tiene que revisar el marco legal que existe, así como generar los recursos suficientes para el diseño de la política pública, en la cual se implementen acciones para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niños.
Carli Pierson, especialista en materia de género, coincidió que la violencia sexual, desde el acoso al hostigamiento es algo que casi todas las mujeres la han vivido, además es un horror que niñas, niños y adolescentes viven esta situación diariamente en México, por lo que se necesita abordar esta problemática con leyes que regulen los delitos de violencia sexual y que haya acceso a la justicia.
Lo anterior, dijo, porque por más que se cambien las leyes debe haber recursos del gobierno para que la sociedad civil y las organizaciones apoyen a quienes sufren estas agresiones.
