03 noviembre, 2021
*Es necesario encontrar la forma para que los estados eleven su recaudación para no depender de recursos federales; Unidad Azcapotzalco de la UAM organizó el ciclo Diálogos sobre Economía y Finanzas UAM-Banorte
Por UAM
El problema estructural que padece México en materia de finanzas públicas exige revisar el pacto federal fiscal para encontrar una forma adecuada para que las entidades federativas eleven su recaudación tributaria, reconoció el doctor Antonio Mendoza Hernández, académico del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Durante el Ciclo Diálogos sobre Economía y Finanzas, UAM -Banorte, organizado por la Unidad Azcapotzalco de la Casa abierta al tiempo, abundó que al primer trimestre de 2019, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México recaudaba sólo 21.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que en América Latina el nivel promedio era de 25 por ciento, que respecto con las naciones desarrolladas era menos de la mitad.
El investigador recordó que los estados cedieron gran parte de sus atribuciones sobre el cobro de impuestos mediante el sistema nacional de coordinación fiscal en 1980, mientras en términos fiscales los municipios son casi inexistentes y su recaudación total alcanza apenas 0.25 por ciento del PIB, nivel muy inferior en comparación con las naciones de la región, que en promedio recaudan 0.8 por ciento, en tanto que Chile, Colombia y Uruguay superan en más de seis veces a México.
Si bien la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 generó tensiones entre los niveles de gobierno por la ley de participación fiscal, la administración “ha hablado de un nuevo pacto fiscal, no sólo entre la hacienda pública, sino con la sociedad, pues pretende incluir el gravamen de herencias, comercio digital y propiedades inmobiliarias”.
Además, “la pandemia nos ha mostrado la dependencia de las entidades de los recursos federales, que las desigualdades se han profundizado y que la dependencia estructural de las cuentas subnacionales ha aumentado”, advirtió.
El doctor Alejandro Domínguez Gómez, subdirector de relaciones gubernamentales de Banorte, detalló que 89 por ciento del presupuesto de gran parte de las entidades federativas de México provienen de la Federación y sólo 11 por ciento corresponde a ingresos propios, con la excepción de la Ciudad de México, que genera 44 por ciento de sus entradas, mientras que de los ingresos primarios de los municipios, únicamente 24 por ciento son propios y el restante 76 por ciento proviene del gobierno federal.
Debido a la crisis de 2020 la caída del Producto Interno Bruto (PIB) de México fue de 8.5 por ciento, afectando en mayor medida a Quintana Roo y Baja California que dependen del turismo, con una caída superior de 20 por ciento y a la par sufrieron presiones presupuestales mayores, en tanto que el impacto pandémico redujo las participaciones federales a nivel nacional en 107 mil millones de pesos.
En 2019, el PIB de México fue de 24 billones de pesos, el gasto del Estado ascendió a siete billones y el gasto primario, que no integra el pago del servicio de la deuda para ese año fue de casi dos billones de pesos, que representan ocho por ciento del PIB.
Para ese ejercicio, los ingresos primarios para los gobiernos estatales –integrados por aquellos federalizados a través del Ramo 33, convenios, transferencias y otros recursos, así como entradas propias– fueron de 2.3 billones de pesos, dijo Domínguez Gómez.
El doctor Ernesto Turner Barragán, profesor del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco, afirmó que las administraciones financian sus gastos con impuestos sobre la propiedad y otros gravámenes al consumo o especiales, por ejemplo, en el siglo XIX sus ingresos los obtenían del gravamen a las cabezas de ganado.
Las funciones estatales tienen que ver con los servicios que otorgan los gobiernos en infraestructura urbana, bienes públicos y también asumen como función la redistribución para lograr la equidad para paliar las asimetrías sociales.
Para realizar esas tareas tiene que cobrar impuestos al consumo, al ingreso y a la propiedad. Cuando el Estado gasta en proporcionar obras públicas en las ciudades ocasiona que el valor de las casas y terrenos se incremente, al igual que las zonas industriales donde se favorece a las empresas que tienen su residencia en los corredores industriales.
Por ende, “es necesario que el Estado cobre impuestos por el uso de los recursos o la explotación empresarial, como en las minas, el petróleo, y es justo que también se haga sobre la propiedad a las grandes construcciones residenciales”, finalizó.
