Marzo 27, 2026
La senadora Amalia García Medina, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a la Fiscalía General del Estado de Chiapas a investigar el allanamiento cometido en contra del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula.
En conferencia de prensa, la legisladora de la Bancada Naranja explicó que en menos de 72 horas se registraron dos allanamientos de personas no identificadas en las instalaciones del centro.
El primero ocurrió el pasado viernes 20 de marzo y el segundo el domingo 22 de marzo, lo que demuestra que no se trata de un incidente aislado sino de una acción reiterada y dirigida en contra de este espacio que apoya a las personas migrantes de la frontera sur.
“Las autoridades tienen que garantizar la vida y la integridad de quienes dan este servicio de manera permanente y dedicada”, comentó.
“Las personas migrantes y solicitantes de asilo están sufriendo en este momento porque tuvieron que cerrar las instalaciones por el riesgo que podía haber para la seguridad de quienes hacen este trabajo y brindan esta atención”.
Mavi Cruz Reyes, directora del Centro Fray Matías, relató que el pasado 20 de marzo personas no identificadas intervinieron en las cámaras de seguridad y sustrajeron equipos de cómputo, teléfonos celulares y documentos directamente relacionados con la labor de la organización. Dos días después sufrieron un segundo allanamiento con el mismo modus operandi.
“Estos ataques ocurridos en menos de tres días nos obligaron con gran pesar a cerrar temporalmente nuestras puertas. Lo más doloroso no es solo la violencia sufrida, sino el impacto que generan las personas que acompañamos, quienes confían en que estaremos ahí para brindarles seguridad y apoyo”, señaló
Consideró que estos hechos no son hechos aislados sino que se inscriben dentro de un contexto de ataques constantes contra personas defensoras de derechos humanos. Refirió que tan solo en Chiapas, el Observatorio de Personas Defensoras registró más de 100 agresiones en el año 2025.
“Dichos ataques son perpetrados para obstaculizar, desarticular y frenar la labor inquebrantable que como defensoras realizamos en este territorio”.
Karen Pérez, directora del Servicios Jesuita Refugiados México, advirtió la situación de violencia y falta de acompañamiento que padecen las organizaciones de la sociedad civil en la frontera sur.
“Hago este llamado para que las autoridades competentes puedan dar seguimiento a la situación de violencia que cada vez más se recrudece. ¿Cuánto es el costo de la vida de las personas que acompañamos a otras personas que merecen una segunda oportunidad?”, expresó.
En tanto, Melissa Vertiz Hernández, integrante del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, destacó el trabajo que desde hace 29 años el Centro Fray Matías ha realizado en favor de las personas migrantes.
Agregó que el Senado de la República tiene un papel importante para garantizar medidas de no repetición, pues la omisión por parte de las autoridades responsables de garantizar medidas de protección a personas defensoras de derechos humanos provocan que estos actos queden en la impunidad.
Por último, el senador Clemente Castañeda, coordinador de la Bancada Naranja, manifestó la solidaridad de todo el grupo parlamentario hacia las personas defensoras de los derechos humanos y reprobó los actos de violencia cometidos en su contra.
