Marzo 25, 2026
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, que preside Maki Esther Ortiz Domínguez, solicitó un informe detallado a diversas autoridades, sobre la presencia de hidrocarburos en las costas de Veracruz y Tabasco.
El dictamen, avalado por las y los senadores, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para que presenten información sobre las afectaciones ocasionadas a ecosistemas costeros, humedales, lagunas, manglares, arrecifes y fauna silvestre, con motivo de la presencia de hidrocarburos en Veracruz y Tabasco, a partir del 1 de marzo de 2026.
La propuesta también solicita que se informe sobre el estado que guarda la investigación para determinar el origen del contaminante y las acciones adoptadas para garantizar la reparación integral del daño ambiental.
De la misma forma, se busca exhortar a los gobiernos de Veracruz y Tabasco para que, en coordinación con la federación y los municipios involucrados, fortalezcan las acciones de atención a las comunidades afectadas.
Se precisa que dichas acciones deben incluir medidas preventivas y de vigilancia en materia de salud, acompañamiento técnico y territorial a comunidades pesqueras y ribereñas, seguimiento a posibles afectaciones a actividades pesqueras y turísticas, así como esquemas de apoyo, información pública y coordinación institucional que permitan atender de manera oportuna las consecuencias ambientales, sociales y económicas derivadas del evento.
Por otro lado, las y los integrantes de la Comisión aprobaron reformar la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para establecer el concepto de “justicia ambiental”, como una herramienta para transformar la relación entre sociedad y naturaleza, y así asegurar un futuro sostenible para las generaciones presentes y futuras.
En el proyecto se define a la justicia social como “el derecho que garantiza un trato justo, equitativo y participativo en todas las decisiones y acciones que afectan el medio ambiente y la salud de las personas, sin importar estatus socioeconómico, origen étnico, género, nacionalidad, discapacidad o condición social, asegurando el desarrollo de un entorno sano y el equilibrio ecológico”.
La justicia ambiental, se precisa, constituye un elemento esencial para la consolidación del derecho humano a un medio ambiente sano en México, y su incorporación al marco normativo no sólo fortalece la protección jurídica del ambiente.
También promueve la equidad social, la participación ciudadana y el acceso efectivo a la justicia, donde se visibilicen las desigualdades y promuevan decisiones más equitativas con un enfoque para garantizar la conservación de los recursos naturales para futuras generaciones.
