Pese a contar con un mandato judicial y presupuesto asignado desde 2023, el IEPAC mantiene en la incertidumbre la creación del órgano que protegerá los derechos políticos de grupos vulnerables.
Por Russell G. G. Arjona Tamayo
Mérida, Yucatán; 13 de enero de 2026.- Representantes de ornanizaciones indígenas mayas alzaron la voz este 13 de febrero para denunciar lo que califican como una “omisión autoritaria” por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC). En concurrida rueda de prensa, los líderes indígenas exigieron el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral del estado de Yucatán (TEEY) que ordena la puesta en marcha de la Defensoría Pública de los Derechos Políticos-Electorales.
La batalla legal no es nueva, la lucha actual emana de un grupo de 21 ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad maya, entre los que destacan figuras como Juan Efraín Miranda Ontiveros, Silvia Engracia Chan Nieves, Juan Alberto Baas Tec e Hilda Mirna Díaz Caballero. Estos actores promoventes originales fueron quienes, concluidos los procesos electorales de 2018 y 2021-donde denunciaron marginación y usurpación de candidaturas indígenas por parte de los partidos políticos-, impulsaron el juicio para la protección de los derechos ciudadanos que derivó en el expediente JDC-059/2025.
Entre los puntos de debate que pusieron en la mesa estuvo el de la composición del Poder Legislativo. Es relevante señalar que parte de su crítica principal radicó en que, a pesar de tener representantes indígenas con identidad cultural indígena en el congreso, los avances legislativos para brindar los derechos indígenas en la Constitución Estatal siguen siendo insuficientes, limitándose a “acciones afirmativas” temporales que caducan cada tres años, pero al mismo tiempo fueron muy omisos y muy opacos al no señalar, de manera clara a diputados espurios que pudieran estar en el actual Congreso con la calidad indígena.
Lo promoventes leyeron un pliego de 15 puntos de los cuales destacamos cuatro y que creo son los pilares fundamentales para que la Defensoría no sea un órgano de “papel”.
Primero la representación auténtica en el que el titular y defensores sean de origen maya, preferentemente maya hablantes, para garantizar una comunicación efectiva con las comunidades; segundo la Transparencia y Vigilancia cuya creación de una comisión de vigilancia ciudadana donde los actores sociales participen activamente en la fiscalización del órgano; en tercer lugar, la Autonomía de Gestión en cuyo caso es una oposición o rechazo a que el IEPAC nombre a personal interno del propio instituto como defensores, para evitar conflicto de interés y asegurar que el órgano sea un aliado real del ciudadano y no una extensión de la burocracia electoral y, por último los Criterios de Idoneidad, enfatizando que los cargos no deben ser premios para exfuncionarios exigiendo una “limpieza total” y que los perfiles cuenten con trayectoria en la lucha social.
Es de destacar que el IEPAC ha justificado la demora en la instalación de la Defensoría alegando recortes presupuestales. Por lo tanto, los conferencistas cuestionaron duramente éste argumento, señalando que el decreto 655-2023 se autorizaron recursos y para 2025 y 2026 sigue sin funcionar, “¿Dónde está ese dinero?”, se cuestionó durante la sección de preguntas.
Es de destacar que la autoridad electoral debe ser abierta al diálogo y ofrecer certeza, ya que la sentencia del TEEY del 29 de agosto de 2025 fue clara al determinar que la falta de este órgano vulnera los derechos de la comunidad maya, situada en una desventaja histórica sin que pasemos por alto lo que señalaron los convocantes en el sentido de que la comunidad indígena maya representa el 62% de la población en Yucatán, por lo que advirtieron que no cesarán en su presión legal hasta que la defensoría sea una realidad física antes del inicio del próximo proceso electoral.
Además de los promoventes presentes señalados en la nota, estuvieron Iván Pereira Gamboa, del Supremo Consejo Maya; Jenny Martín, integrante de un colectivo; Juan Miranda Ontiveros, representante del Movimiento Indígena; Pilar Ramírez Villanueva, enlace y promotora de la Defensoría Pública Electoral; Jazmín España, integrante del Movimiento de Comunidades Indígenas y la Maestra Hilda Mirna Díaz Caballero, quien también es enlace con la Defensoría Pública, entre otros asistentes esparcidos.
