Agosto 24, 2021
Para enfatizar la importancia de generar mecanismos que busquen combatir desde raíz y sobre las causas que provocan la violencia hacia las mujeres, el senador Manuel Velasco Coello propuso reformar la fracción IV del artículo 9 de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En el marco del Día Naranja, compartió que dicha iniciativa representa una forma de mitigar e inhibir la violencia y fortalecer los mecanismos que forman parte de un tratamiento de apoyo psicológico obligatorio a los maltratadores, en beneficio de la víctima y como forma de reinserción social y de protección de la sociedad, esto, independientemente de los servicios reeducativos, especializados y los de carácter gratuitos que pudieran ser de manera optativa.
El inicio de terapias o tratamiento psicológico puede auxiliar en cualquier problema que implica la estabilidad emocional del ser humano. Por ello, señala el coordinador de la bancada Verde en el Senado que es importante impulsar con mayor rigor la asistencia de tratamientos psicológicos en personas agresoras, esto con la finalidad de reducir los índices de violencia de las personas, “en gran medida debemos buscar un equilibrio entre las conductas sociales y que las mismas no sean fuera de la norma jurídica”.
Asimismo, representa una homologación en las resoluciones de los juzgadores para que, en la práctica, al menos se envíen a los agresores a tener que realizar las sesiones que determine el especialista en materia de psicología, otorgando la oportunidad de reivindicación, pero sobre todo brinda herramientas de solución sobre las causas por las que las personas son agresivas y para que en la práctica estas sesiones sean con mayor regularidad. Tratar al agresor, no como recompensa, sino en protección de las mujeres y la familia en los hogares mexicanos.
La violencia hacia la mujer y las niñas ha representado una afectación a los derechos humanos y a lo largo de la historia se ha tenido que luchar constantemente para erradicarlas mediante políticas pública y reformas que tienen como objetivo evitar mayores afectaciones. La búsqueda continua para mitigar las repercusiones sobre los derechos de la mujer, han generado reformas de carácter laboral, civil, familiar y hasta en materia penal.
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida y al menos seis de cada diez mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia, alguna vez en su vida.
Datos del INEGI, reflejan que las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son aquellas que residen en áreas urbanas (69.3%), de edades entre 25 y 34 años (70.1%), con nivel de escolaridad superior (72.6%) o bien no pertenecen a un hogar indígena (66.8 %).
Resultados de la Encuesta Nacional sobre Dinámicas de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH 2016) indican que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más de edad que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida. El 43.9% de ellas han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación mientras que 53.1% ha sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de la vida.
La violencia a la mujer se da hasta en el entorno laboral, donde la brecha salarial al primer trimestre del 2021 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que se requiere incrementar en promedio 2.7% el salario que perciben las mujeres.
Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que, durante marzo de 2020, se registraron 64 mil 858 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar, incrementando en un 23 % las llamadas con respecto al mes de febrero de ese año.
Estos datos, indica el senador Velasco Coello, “nos obliga a realizar acciones que permita el acompañamiento de la autoridad con las mujeres que viven en un entorno violento, no solo por ellas, sino por sus hijas e hijos, nuestras niñas y niños no deben ser objeto de maltrato, ni mucho menos deben vivir en situaciones que ponen en riesgo su integridad y su salud mental”.
Finalmente, de acuerdo con el Modelo de intervención con agresores de mujeres, de la UNAM, consultado el 23 de junio de 2021, desde un enforque doctrinario “el tratamiento psicológico a los agresores domésticos es, junto con otras medidas judiciales y sociales, una actuación necesaria…tratar a un agresor no significa considerarle no responsable. Es una falsa disyuntiva porque una de las metas principales del tratamiento es que asuma su responsabilidad por su conducta”.
