México, a 17 de octubre de 2025.- En su conferencia matutina «La Mañanera del Pueblo», la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a la política fiscal aplicada a las bebidas azucaradas, aclarando que el propósito fundamental del aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es fomentar la salud pública y no la recaudación.
La mandataria destacó los avances logrados mediante acuerdos con la industria, señalando que ya se ha conseguido «30% menos azúcar en los refrescos». Asimismo, explicó que las bebidas light o de dieta tendrán una tasa impositiva específica del 1.5%. Sheinbaum recalcó que esta medida fiscal «va acompañada de una campaña de información del efecto que puede tener el consumo excesivo de bebidas azucaradas y comida chatarra», reiterando que el objetivo primordial «no es recaudar dinero, sino que se consuma menos», ante el creciente problema de obesidad y diabetes en el país.
DONATIVOS POR AFECTACIÓN DE LLUVIAS
Por otro lado, la presidenta informó sobre los artículos de primera necesidad requeridos para apoyar a la población afectada por las lluvias extraordinarias en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. La lista prioritaria incluye: agua embotellada, productos alimenticios no perecederos y enlatados, artículos de higiene personal y femenina, pañales y leche en polvo.
CONTRA LA EXTORSIÓN
En otro orden de ideas, durante la conferencia se presentaron los avances en la estrategia de seguridad. La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, explicó el proyecto de la reforma constitucional para la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, la cual será enviada por la presidenta Sheinbaum al Congreso de la Unión este mismo 17 de octubre.
Godoy recordó que el pasado 9 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al artículo 73 constitucional, que otorga facultades al Congreso para emitir esta ley. La elaboración del proyecto estará a cargo de una mesa técnica integrada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinadora Nacional Antisecuestro (CONASE).
Se detalló que, con esta reforma, el delito de extorsión se perseguirá de oficio en todo el país con los mismos elementos tipificadores, homogenizando su combate a nivel federal y estatal. Las penas propuestas para este delito se encuentran planteadas en un rango de 6 a 15 años de prisión.
