El representante legal de Fernando Barbachano Herrero, señaló que al no haber delito que investigar, no puede subsistir la medida de aseguramiento.
Aun cuando Inmobiliaria R4 obtuvo una resolución que provisionalmente deja sin efectos la cancelación del aseguramiento, la realidad es que Rodolfo Rosas Moya busca de esa manera que se le devuelvan la posesión de los hoteles.
Mérida, Yucatán, 15 de agosto de 2025.-
Por la falta de delito que investigar, no puede subsistir la medida de aseguramiento, y en caso de ser así, por mandato legal debe respetarse la posesión de los hoteles “Mayaland” y “The Lodge at Chichen Itzá” a la operadora Posada Chichen Itza
El abogado del legítimo propietario de esos inmuebles, Gerardo Ostos Rincón Gallardo. explicó que aun cuando el pasado 13 de agosto de 2025 Inmobiliaria R4, en contra de cuyo apoderado se ejerció acción penal por despojo, obtuvo una resolución que provisionalmente deja sin efectos la cancelación del aseguramiento.
El abogado, representante legal de Fernando Barbachano Herrero, afirmó que la realidad es que Rodolfo Rosas Moya busca de esa manera que se le devuelvan la posesión de los hoteles, los cuales tuvieron por más de tres años ilegalmente, como lo notificó la autoridad competente.
“Imagínate el mundo al revés que con motivo de esta suspensión definitiva, claramente corrompida, lo que pretenden es devolverle la posesión al invasor, Rodolfo Rosas Moya, al que cometió el despojo, además tratándolo de disfrazar otra vez en un aseguramiento que ya no se puede porque se decretó en una investigación en donde ya concluyó un juez federal que no hay delito, por lo cual menos puede haber bienes asegurados”, aseveró.
Y advirtió que la intención de Rosas Moya es tomar nuevamente la posesión de los inmuebles, aquella que por omisiones en la investigación de la Fiscalía de Yucatán pudo mantener ilegal e impunemente por 40 meses.
Gerardo Ostos Rincón Gallardo aseguró que la obligación de la Fiscalía General de Yucatán es determinar el no ejercicio de la acción penal, con la consecuente cancelación permanente y definitiva del aseguramiento, y en paralelo perseguir penalmente al artífice de este perverso entramado delictivo, Rodolfo Rosas Moya.
“De lo contrario, además de las responsabilidades penales del Fiscal, se agravaría sobremanera la responsabilidad patrimonial del Estado, a la luz de la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia el pasado 13 de agosto de 2025”, indicó.
