Juez federal ts’o’ok u xíikbesaj le denuncia tumen ‘fraude’ ichil le hoteles Mayaland yéetel The Lodge at Chichén Itzá. Ku ya’alik ma’ síij delito yéetel ku kansaj le órdenes de aprehensión ti’ le familia Barbachano. Le sentencia ku ya’alik jump’éel ‘cosa juzgada’, ka’ach u k’a’abet u ch’a’abal le hoteles tumen Posada Chichén Itzá. Rodolfo Rosas Moya ku taal u xíikbesik junp’éel amparo, pero le juez ku ya’alik ma’ síij u derecho.
Mérida, Yucatán, a 14 de agosto de 2025. – La batalla legal por el control de los emblemáticos hoteles Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá dio un vuelco decisivo, un juez Federal determinó que los hechos denunciados por el empresario Rodolfo Rosas Moya en contra de Fernando Barbachano Herrero y dos de sus hijos, de nacionalidad estadounidense, no constituyen delito de fraude alguno, dictaminando la cancelación definitiva de las órdenes de aprehensión que pesaban en su contra.
Esta resolución, que ha alcanzado el estatus de cosa juzgada inamovible, desmantela todas las actuaciones desde su origen e impide ejecutar la suspensión definitiva otorgada el pasado 11 de agosto a Inmobiliaria R4, pues lógicamente no puede subsistir un aseguramiento de bienes dentro de un procedimiento en el que se ha establecido como verdad legal, que no hay delito alguno que perseguir.
El caso se remonta a una denuncia penal presentada por Rosas Moya en Cancún, Quintana Roo, donde acusaba a los Barbachano de un supuesto fraude relacionado con una promesa de compraventa de los mencionados hoteles.
La denuncia, presuntamente fraguada en colusión con el entonces fiscal de Quintana Roo, Montes de Oca, quien posteriormente fue destituido por la gobernadora Mara Lezama por antecedentes de corrupción, derivó en una serie de acciones judiciales calificadas como irregulares, por las cuales existe obligación del Estado de reparar los daños provocados al Gobernado.
La fiscalía quintanarroense, excediendo sus facultades, ordenó el «aseguramiento» de los hoteles y consiguió que una juez de control librara órdenes de captura contra la familia Barbachano.
Sin embargo, la defensa legal de los hoteleros argumenta que la figura del aseguramiento fue aplicada indebidamente, ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales la reserva para preservar instrumentos o productos directos de un delito, no para despojar de la posesión de inmuebles en un caso de supuesto fraude.
El punto de quiebre ocurrió el 17 de febrero de 2022, cuando la Fiscalía de Yucatán, actuando en «colaboración», ejecutó el aseguramiento. Apenas unas horas después, en la madrugada del día siguiente, un grupo de gente armada presuntamente enviada por Rosas Moya tomó por la fuerza las instalaciones, despojando de la posesión a la empresa operadora, Posada Chichén Itzá, S.A. de C.V.; desde entonces la ocupación la mantuvo ilegalmente la empresa Hotel Ikal Chit, en la que figura como accionista la propia Inmobiliaria R4.
Frente a esta ofensiva, la defensa de los Barbachano interpuso un juicio de amparo, al resolverlo, el Juez Octavo de Distrito en Cancún privilegió el análisis de fondo sobre la disputa competencial entre Yucatán y Quintana Roo, y concluyó de manera contundente: los hechos denunciados no configuran el delito de fraude ni ningún otro.
Con esta sentencia, el amparo fue concedido, dejando sin efecto las órdenes de aprehensión y estableciendo un precedente judicial firme.
A pesar de que la Fiscalía de Quintana Roo levantó el aseguramiento el 26 de septiembre de 2023 y una juez de Cancún decretó el sobreseimiento del proceso, la disputa continuó.
La devolución material de los hoteles a Fernando Barbachano se concretó finalmente el pasado 18 de junio por parte de la Fiscalía de Yucatán.
En una nueva maniobra legal, Rosas Moya interpuso otro amparo, esta vez en Yucatán, argumentando irónicamente la incompetencia de las mismas autoridades de Quintana Roo que él había utilizado para iniciar el proceso.
Un juez suplente le otorgó una suspensión para que se mantuviera el aseguramiento, pero el mismo acuerdo judicial especifica claramente que la posesión de los hoteles no debe ser entregada a Rosas Moya.
Esta resolución constituye un contrasentido ya que el motivo por el que se deja sin efectos la cancelación del aseguramiento es la falta de competencia de la autoridad que lo ordenó, pero su consecuencia es la de mantener subsistente el aseguramiento decretado por las mismas autoridades que carecen de competencia.
Actualmente, la empresa Posada Chichén Itzá continúa con la posesión y operación de los hoteles, amparada por el artículo 243 del Código Federal de Procedimientos Penales, que prohíbe el cierre de establecimientos con actividades lícitas a causa de un aseguramiento.
Con la carpeta de investigación finalmente en manos de la Fiscalía de Yucatán, y existiendo una sentencia federal firme que declara la inexistencia del delito, el siguiente paso lógico es que la autoridad yucateca determine el «no ejercicio de la acción penal».
Esto debería poner fin a la acusación de fraude, levantar de nuevo el aseguramiento y formalizar la devolución de los hoteles, mientras avanza el procedimiento por despojo en contra de Rosas Moya y su abogado, quienes hasta la fecha han eludido comparecer ante la justicia por esta y otras investigaciones por delitos de administración fraudulenta y lavado de dinero.
Expertos consultados sobre el tema señalaron que al concluir en definitiva la investigación iniciada por un fraude inexistente, necesariamente deben transitar a la fase judicial las investigaciones por despojo y administración fraudulenta; de lo contrario se agravaría la responsabilidad patrimonial del Estado por afectar derechos de las víctimas, como lo resolvió la Suprema Corte en el Amparo Directo 35/2024 el pasado 13 de agosto de 2025.
Traducción: Un juez federal desestimó la denuncia por ‘fraude’ en los hoteles Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá, declarando inexistente el delito y cancelando las órdenes de aprehensión contra la familia Barbachano. La sentencia, ya firme (‘cosa juzgada’), obliga a devolver los hoteles a Posada Chichén Itzá. Rodolfo Rosas Moya intentó un amparo, pero el juez lo rechazó por carecer de fundamentos.
