Mayo 28, 2024
CDMX., Senado de la República, 28 de mayo de 2024
SENADORA ANA LILIA RIVERA RIVERA: Buenas tardes a todos los medios de comunicación.
Les agradezco mucho que hayan atendido este llamado que hace la Mesa Directiva del Senado de la República, para dar la siguiente información.
El día de ayer, el Senado de la República fue notificado de manera oficial, sobre un requerimiento que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al cumplimiento de la resolución de la controversia constitucional 280/2023 promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Es mi obligación hacer un llamado a los medios de comunicación, para informar de este asunto. Primero, porque es de interés público; después, porque es de trascendencia nacional y por supuesto, porque todos los medios de comunicación le han dado puntual seguimiento desde que inició esta controversia.
Es importante hacer de conocimiento de todos ustedes qué es lo que está solicitando la Suprema Corte. Y es también mi responsabilidad bien informar a la gente.
La Suprema Corte de Justicia está francamente informando a la sociedad sobre acontecimientos que son profundamente sesgados y con mala información. Está acusando al Senado de la República de estar en pleno desacato a la resolución que la Suprema Corte ha hecho; y nosotros queremos hoy hacer de pleno conocimiento de ustedes que esto que la Suprema Corte ha hecho mediático, porque ese es el tema mediático, la Suprema Corte acusa al Senado de estar en total desacato.
Decirles a ustedes que no es así. Desacato total quiere decir no hacer absolutamente nada; y nosotros vamos a actualizar en qué términos actualmente se encuentra el trámite.
Decirles que el 12 de marzo de 2024, fueron publicados en la Gaceta del Senado de la República los siguientes acuerdos:
Por el que se emite la convocatoria pública y se establece el procedimiento para la selección de una persona comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, respecto a la vacante del ciudadano Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
Por el que se emite la convocatoria pública y se establece el procedimiento para la selección de una persona comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, respecto a la vacante del ciudadano Francisco Javier Acuña Llamas.
2. El 17 de marzo del año en curso, la Junta de Coordinación Política emitió el acuerdo por el que se modifican y amplían los plazos de las convocatorias públicas para la selección de dos personas comisionadas para ocupar las vacantes de los ciudadanos Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña Llamas.
En los resolutivos 2º y 4º del Acuerdo de Ampliación, se modificaron y ampliaron los plazos establecidos en la base décima segunda de los acuerdos de convocatoria, a efecto de que las Comisiones de Justicia, de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, llevaran a cabo el análisis exhaustivo de las candidaturas y que presentaran a más tardar el día 25 de abril de 2024, el o los dictámenes debidamente fundados y motivados con el listado de las personas aspirantes que, cumpliendo con los requisitos de las convocatorias y los principios de especialización, idoneidad y paridad de género, reunirán las condiciones de legibilidad para ocupar las vacantes referidas.
3. Para dar cumplimiento a lo anterior, las Comisiones dictaminadoras convocaron a reunión y se declararon en sesión permanente desde el lunes 22 de abril de 2024.
4. El 25 de abril pasado, a través de oficio CONG US/LXV/12/024, la Comisión de Justicia informó que no había sido posible desahogar el estudio y análisis, y en su caso aprobación de los dictámenes correspondientes; por los que ambas Comisiones dictaminadoras se encuentran imposibilitadas para cumplir en la fecha y en los términos establecidos en los acuerdos referidos.
5. Dado lo anterior, se espera que la JUCOPO llegue a un acuerdo para dar curso al proceso de designación de las vacantes. Entre tanto, la Mesa Directiva estará al tanto de las negociaciones, a efectos de dar trámite a los dictámenes correspondientes.
Esto quiere decir que el Senado de la República ha acatado en los términos jurídicos de sus facultades, los actos que corresponden y que pueden llevar a la resolución que nos permita tener a los dos consejeros que el INAI necesita.
Sin embargo, el Senado de la República tiene una actividad política y jurídicamente compleja. No depende sus decisiones de un órgano de Gobierno del Senado, ni depende de un Grupo Parlamentario. Las decisiones que el Senado de la República toma, son colectivas; por lo tanto en este momento la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en momentos previos a una elección, asumiendo una posición de amedrentamiento al Senado de la República.
Y no me refiero a un Grupo Parlamentario ni a un órgano de Gobierno; me refiero a acciones de amedrentamiento y de uso político y faccioso en contra de 128 senadores que representan a todos los Grupos Parlamentarios y que queda prueba, con lo que yo he manifestado, que se están haciendo los trámites correspondientes, para lograr los consensos que se requieren; pero que en este momento no posible lograr la conclusión de los mismos porque estamos en un momento donde políticamente y jurídicamente no se ha logrado los consensos que se requiere para las mayorías calificadas que puedan llevar un Dictamen al Pleno, donde la idoneidad de estos personajes haya sido aprobada y votada para estos nombramientos.
Así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones ha demandado el respeto a la autonomía del Poder Judicial, es mi responsabilidad hacer un llamado desde el Senado de la República, en representación de esta gran Institución, a que sea respetado también el derecho constitucional y la responsabilidad constitucional que tiene el Poder Legislativo en su autonomía.
Asimismo, hago un llamado a la mesura a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en este momento previo al proceso electoral más grande de la historia de México, no intervenga con estas acciones que parecen más de amedrentamiento al Senado de la República, que realmente de colaboración para resolver un tema que nos conviene a todas y todos los mexicanos.
Hago un llamado también al respeto a las instituciones que somos parte del Estado Mexicano y que requerimos en estos momentos la capacidad de tener unas elecciones pacíficas, unas elecciones donde no haya intervención de ningún Poder en las resoluciones que habrá de tomar el pueblo el 2 de junio al emitir su voto.
Desde este momento califico las acciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Presidenta, como acciones de amedrentamiento con más intereses político-electorales, que con los fines institucionales que nos deberían de regir.
Y llamo también al Poder Judicial a respetar la autonomía de este Órgano Colegiado, que es el Senado de la República, donde hoy las acciones de amedrentamiento de la Suprema Corte de Justicia, afectan a todos los Grupos Parlamentarios, y a todos los Grupos Parlamentarios representados, a quienes nos ha calificado de omisos ante el país, sin manifestar que nosotros hemos caminado y trabajado con la respuesta que nuestra capacidad de diálogo y de respuesta permite ante un escenario complejo, como lo mencioné hace unos minutos.
Por lo tanto, era mi obligación hacer del conocimiento del pueblo de México que no está en desacato el Senado de la República. Está haciendo el trabajo que le corresponde, de acuerdo a los tiempos y momentos que el propio Senado determina ante la complejidad de su composición y del momento político que estamos viviendo.
Es cuánto y muchas gracias.
