Julio 5, 2022
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, presentó una propuesta para incluir los principios de mínima intervención y no revictimización de niñas, niños y adolescentes en los juicios, en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Durante la serie de Diálogos Parlamentarios “Interés superior de la niñez y la no revictimización en procesos judiciales”, la senadora detalló que el principio de mínima intervención en el juicio que se propone significa que las niñas, niños y adolescentes deben acudir lo mínimo indispensable a un juicio y, por supuesto, no ser revictimizados.
En muchas ocasiones, denunció, las y los menores son utilizados por sus progenitores dentro de los juicios, particularmente en materia familiar, para generar violencia entre los padres. “Los niños y niñas son sujetos de derecho diferenciados de los padres y de las madres, y no pueden ser utilizados por éstos para seguirse agrediendo entre ellos”.
Además, acotó la senadora de Morena, los juicios se llegan a extender a prácticamente la totalidad de la niñez y la adolescencia de la persona menor de edad, por lo que sus recuerdos de la infancia serán sobre juzgados; “esto trasgrede su derecho a su sano desarrollo”, aseguró.
Por ello, asentó que la intervención de las y los infantes debe ser mínima. “Por supuesto deben de ser escuchados, pero todas las juzgadoras y juzgadores están obligados a tomar medidas necesarias para que se respeten sus derechos.
Cuando la opinión de la persona menor de edad ya se dio y una siguiente ya no aporte más elementos al juzgador, entonces ya no se debe acordar favorablemente la petición nuevamente de la madre o del padre, a que esta niña o niño vuelva nuevamente a emitir su opinión, explicó Sánchez Cordero.
La senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, señaló que la construcción del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares brinda la oportunidad de evitar la revictimización y acceder a un sistema de justicia que reconozca a los infantes como sujetos de derecho.
En México, detalló la legisladora de Acción Nacional, los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes son difícilmente denunciados, ya sea por temor al agresor, miedo a la exposición pública, por desconfianza en las autoridades o por el desconocimiento de sus derechos y de los mecanismos disponibles para pedir ayuda.
Uno de los problemas de la revictimización es que provoca que quienes fueron afectado revivan en su mente los recuerdos de una situación traumática. En ocasiones, informó, niñas y niños tienen que testificar más de una ocasión, lo que provoca que el trauma quede como una sensación permanente.
El senador José Ramón Enríquez Herrera, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, aseveró que las y los legisladores no quieren que ninguna niña, niño o adolescente se vea en la necesidad de enfrentar un proceso judicial en su vida, de ahí la necesidad de construir instrumentos jurídicos pertinentes.
En ese tenor, subrayó que es primordial evitar la revictimización institucional, así como impulsar la coordinación interinstitucional y ponerle “un rostro humano” al trabajo de las y los senadores. “Para un niño o una niña, las emociones que puede provocar un juicio pueden llegar a verse mayormente acentuadas y difíciles de procesar, generando más dolor”, dijo.
Por ello, indicó, es de suma importancia respaldar iniciativas que aminoren el daño físico y mental que este tipo de situaciones representan para los menores. Este tipo de propuestas, puntualizó, deben garantizar el respeto de los derechos de la infancia y modernizar al sistema judicial para que se tomen en cuenta las exigencias de las infancias.
La senadora Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, confió en que la propuesta de incluir el principio de mínima intervención de niñas, niñas y adolescentes en juicios, así como su no revictimización en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, será apoyada unánimemente en el Senado.
En ese sentido, la legisladora de Morena dijo que los juzgados familiares deben contar con un cuerpo colegiado de profesionistas que tengan una base moral que les permita ayudarlos.
Dulce María Mejía Cortés, directora general de Representación Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), asentó que las autoridades jurisdiccionales deben actuar con perspectiva de infancia, por lo que pidió implementar mecanismos para garantizar la representación de este grupo en las procuradurías.
A su vez, María Constanza Tort San Román, encargada del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), aseguró que el interés superior de la niñez implica el deber de todas las autoridades, pues es un eje rector para el futuro de nuestro país.
Enna Paloma Ayala Sierra, directora de Seguimiento a la Política Nacional para Combatir la Violencia contra las Mujeres, señaló que los procedimientos judiciales que involucran a niñas, niños y adolescentes deben tener un acompañamiento institucional, por lo que es necesario instaurar políticas públicas que hagan hincapié en los derechos de las infancias.
Tatiana Esther Anaya Zúñiga, consejera de la Judicatura del estado de Jalisco, afirmó que deben cambiarse los paradigmas, conforme a los protocolos autorizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para impulsar la mínima intervención y contar con especialistas en los interrogatorios a niñas, niños y adolescentes.
