Junio 15, 2022
El gobierno federal prepara la denuncia legal por la afectación de cenotes y ríos submarinos con permisos otorgados o sin permiso desde administraciones anteriores, señala La Jornada en un editorial.
A finales del mes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que su administración acudiría a tribunales nacionales e internacionales si Vulcan se empeñaba en seguir operando la cantera y desoía las propuestas para convertirla en un espacio turístico con cuidado del ambiente.
El anuncio suscitó la adhesión de grupos ambientalistas de Quintana Roo, los cuales recuerdan que siempre han denunciado los daños causados por esa empresa a la riqueza cultural y en biodiversidad de la región, pero nunca fueron escuchados.
La presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), Aracely Domínguez Rodríguez, sostuvo que Vulcan ha provocado perjuicios “a la nación, a la biodiversidad, a los cenotes, ríos subterráneos” y hasta de carácter antropológico, pues se presume que habría destruido sitios de importancia histórica sin que nadie se percatase.
La activista recordó que a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, trabajadores de la concesionaria alertaron que la compañía estaba por derrumbar una zona de ruinas arqueológicas y se generó suficiente presión social para que interviniera el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual descubrió que el sitio poseía una inmensa riqueza cultural.
La planta de extracción de grava y otros minerales manejada por Calica en el municipio Solidaridad fue clausurada el jueves 5 de mayo, después de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó una visita de inspección, durante la cual se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas
Se sabe que la demanda enfrentará grandes dificultades en tribunales internacionales para demostrar lo que las autoridades mexicanas consideran devastación ecológica perpetrada por Vulcan y su filial.
Por una parte, advierte La Jornada, es sabido que las instancias de arbitraje internacional tienen un sesgo favorable a las grandes compañías globales y contrario a los intereses sociales; por otra, queda patente el decidido apoyo del Ejecutivo y el Legislativo estadounidenses a la empresa, el cual se refleja en un intenso cabildeo para disuadir a México de tomar las medidas pertinentes para la protección del ecosistema.
Están documentados los graves daños a cenotes, ríos submarinos, y aun así la compañía estadounidense interpone recursos contra la construcción del Tren Maya para que no circule por territorios que controla la minera, la cual sí afecta en realidad, y de forma grave, al ecosistema.
